Uno de los jóvenes afectados por la devolución ilegal en Ceuta que trabaja en un restaurante de Vigo: «Nadie nos escuchó»
VIGO
Abdelhakim Zerrad dice, tras la sentencia del Supremo, que la policía los llevó engañados a la frontera
27 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Uno de los jóvenes afectados por la devolución de menores en Ceuta en agosto del 2021 que ha sido declarada «ilegal» por el Tribunal Supremo, Abdelhakim Zerrad, ha lamentado que nadie les hiciera caso cuando informaron de que eran menores. «Nadie nos escuchó. La Policía nos llevó engañados a la frontera, nos dijeron que nos llevaban a otro centro de acogida en Ceuta», ha relatado este viernes a través de un comunicado de la Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, las dos entidades que han representado a los menores en este caso.
El Tribunal Supremo ha dictado en los últimos días dos resoluciones, en las que sentencia que esta repatriación fue «ilegal» por la «absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería y porque lo prohíbe «de manera lapidaria» el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Zerrad es uno de los menores afectados por esta repatriación y volvió a «poner su vida en riesgo» al regresar a España tras su devolución. Hoy, a sus 19 años, trabaja como ayudante de cocina en un restaurante de Vigo, colaborador del programa Cocina Conciencia de la Fundación Raíces.
De los ocho menores a los que se refiere la primera sentencia, todos han cumplido ya 19 años y dos de ellos consiguieron volver a nado, «arriesgando de nuevo sus vidas», según han destacado las entidades.
Sobre los seis que se quedaron en Marruecos, todos están localizados y uno de ellos, en una situación de «abandono absoluto, viviendo en la calle desde entonces y en una situación de enorme deterioro y riesgo».
Acerca de los otros doce jóvenes a los que alude la segunda resolución, dos de ellos aún son menores de edad (uno está en Ceuta y otro, en Marruecos), cinco tienen 18 recién cumplidos, cuatro tienen 19 y uno ya ha alcanzado los 20 años.
Seis de ellos están en España, bien porque su repatriación fue paralizada gracias a las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta o porque, tras su devolución, volvieron a cruzar la frontera por sus propios medios, «poniendo su integridad nuevamente en riesgo».
Las dos entidades sociales implicadas han informado de que estudiarán la situación individual de cada uno de los chicos y emprenderán «las acciones oportunas» para reparar el daño sufrido y la vulneración de sus derechos. Así lo ha señalado el presidente de Coordinadora de Barrios, Javier Baeza. La abogada de la ONG, Patricia Fernández, espera que el caso cambie las cosas.