En el 2012, la Fiscalía investigó cinco casos de trata de seres humanos en Vigo y su área, tres por denuncia y dos por colaboración con las oenegés al observar a víctimas que trabajaban en clubes o en la calle. La memoria de la Fiscalía de Pontevedra del 2012 revela que las dos oenegés rescataron a una nigeriana y una rumana que eran víctimas de trata de seres humanos. Una ella la nigeriana Antonia E. y la otra, la rumana Anna María D., que fueron localizadas por las entidades que hacía una ronda nocturna de reparto de material higiénico y profiláctico por la vía pública y los clubes. Actuaron rápidamente y avisaron a la Fiscalía y las brigadas de Extranjería. Las víctimas fueron acogidas en Madrid.
La memoria también relata la historia de una nigeriana víctima de trata de seres humanos detectada en el 2010 y que entró en el programa de testigos protegidas del juzgado de Instrucción 2 de Ponteareas. En el 2011, la Fiscalía decretó la edad de la mujer. En septiembre del 2012, el Ministerio de Interior le concedió protección subsidiaria internacional por motivos de persecución de sexo y violencia de género porque una banda coaccionaba a la nigeriana para que abonase una deuda mediante el ejercicio de la prostitución. Para ello, la amenazaban con vudú a ella y su familia.
La Fiscalía también da cuenta en el 2012 de una menor rumana que era víctima de tratantes de seres humanos. Fue detectada en el área de Vigo y las autoridades la beneficiaron con un protocolo para retornar asistido a su país. Las repatriaciones no son fáciles porque las propias autoridades del país de origen ponen reticencias a documentar a los menores, por lo que deambulan indocumentados. Otras veces, el país se niega a que sus ciudadanos retornen salvo que acrediten que España tiene peores condiciones de vida que su lugar natal.
La Fiscalía califica esta situación de «diabólica» porque potencia muchos actos de «picaresca». Por ejemplo, cuando la víctima alcanza la edad laboral o está a punto de cumplir 18 años recibe un pasaporte por correo sin visado de entrada, de forma que así queda documentado, recibe un permiso de residencia y trabajo y evita su expulsión al alcanzar la mayoría de edad. Así se evita su repatriación cuando es menor y su expulsión cuando cumple los 18 años. «Permitir estas conductas suponen un aval tácito a conductas ilegales, tales como el incumplimiento de las normas al acceso Schengen y suponen un aliciente para el tráfico de menores extranjeros, los cuales son separados de sus familias y sometidos a largos y penosos viajes a precios elevados en busca de un futuro más prometedor que no existe», dice la Fiscalía de Extranjería.