Los puntos de encuentro para padres y madres separados son interpretados como «un mal menor» por el especialista en Derecho de Familia Ignacio Bermúdez de Castro Olavide, que reivindica «la custodia compartida como norma general».
-La Voz de Galicia publicó la semana pasada el caso del vigués Eduardo Cereijo, en huelga de hambre porque no quiere que su hijo vuelva al punto de encuentro. ¿Qué opina usted de estas instalaciones?
-Los puntos de encuentro son un mal menor para rupturas muy contenciosas, casos de odio visceral. Allí se puede dejar y recoger al hijo y es un remedio a una situación tan lamentable como que los padres no se pongan de acuerdo. Lo ideal sería que no existiesen, pero son necesarios.
-¿Y cuando uno de los cónyuges solo puede estar con su hijo en el punto de encuentro?
-Sí, hay jueces que aceptan eso, que el cónyuge no custodio tenga que ver al menor allí dentro, mientras juega con cuatro peluches viejos. En esos casos me parece una aberración humana.
-Algunos usuarios se quejan de que hay un ambiente violento para los niños, así como de falta de profesionales.
-Si entramos en la casuística, es cierto que el que entrega al niño o lo recoge a veces se va dando un portazo, y en cuanto a los profesionales, los hay excelentes, pero también existen puntos de encuentro en que ahora, con la crisis, no hay suficiente gente cualificada. Pero insisto, son un mal menor.
-Cereijo reclama también la custodia compartida.
-A mi entender es el estado óptimo natural, pero en España casi no existe porque el artículo 92 del Código Civil, que lo regula, es un fiasco.
-¿En qué sentido?
-Porque exige que la soliciten los dos cónyuges. Uno solo no vale. Y aun así tiene que haber un informe favorable del Ministerio Fiscal, y me pregunto qué pinta el fiscal en la decisión de una pareja sobre sus hijos. Ese señor que mire por los suyos. La custodia compartida debería ser norma general, y la exclusiva, la excepción.
-¿Por qué motivo?
-Porque la situación ideal de cualquier niño es estar con su padre y su madre. Aragón ya la tiene. Valencia también, aunque recurrida. Galicia, no. ¿Somos todos los españoles iguales ante la ley?
ignacio bermúdez de castro abogado de familia