Que a Compostela se le había colado una piedra en el engranaje de su motor económico era evidente. Pero pocos sospechaban su magnitud. Algunos ni siquiera quieren creerlo aún. Nada menos que un agujero fiscal que ronda los 9 millones de euros. Malo para los ingresos de la ciudad e injusto para los establecimientos hosteleros, incluidas las viviendas que operan dentro del marco legal, que pagan los impuestos a los que están sujetas esas actividades y que soportan una competencia desleal de libro.
El asunto de los pisos turísticos sin regular es feo se mire por donde se mire. Porque, además del impacto económico, genera un gravoso peaje para la zona monumental de Santiago, donde se concentra buena parte de la oferta. Su voraz expansión -un informe municipal la cifra en un 150 % anual- contribuye a disparar el precio de los alquileres y reduce las posibilidades de fijar población en un casco histórico que lleva camino de convertirse en uno de aquellos fastuosos decorados de Cinecittá. Precioso, pero sin vida propia. ¿Gentrificación? No en la forma, aunque sí en el fondo. Aquí no se trata de la entrada de inquilinos más pudientes que expulsan a residentes incapaces de moverse en la burbuja que infla los alquileres. Pero sí es obvio que el fenómeno frena el acceso de residentes a viviendas cuyos propietarios pueden multiplicar los ingresos a través del negocio turístico.
La situación requiere estudios con el máximo rigor y controles eficientes. Porque está bien debatir sobre la conveniencia de implantar una tasa turística, pero ni recaudará lo que se pierde ni repoblará la joya urbana de Compostela.