La CIG exigió que la Fiscalía y las Administraciones actúen contra BDM
20 ago 2014 . Actualizado a las 12:29 h.Tras inmovilizar el 6 de agosto dos ambulancias de la empresa BDM, con sede en Soutomaior, en las que se intervinieron toda clase de medicamentos y material caducados, así como múltiples anomalías, la Policía Local de Pontevedra ha tramitado para cada uno de los vehículos cuatro denuncias ante Transportes y una ante Sanidade. De este modo, la propuesta de sanción de la Jefatura municipal asciende a 15.000 euros por ambulancia.
En principio, todas las denuncias se han derivado a la vía administrativa, descartándose, a priori, la jurisdicción penal. Una vez Transportes y Sanidade reciban las actuaciones y la propuesta de multa, tendrán que abrir un expediente sancionador al que la titular de la empresa podrá interponer alegaciones.
Es el mismo tramite que se siguió en el caso de las múltiples denuncias que, a lo largo de los últimos meses, ha interpuesto la Guardia Civil de Tráfico a la compañía, tal y como en su día informó La Voz. Precisamente a esta circunstancia aludió ayer Xabier Aboi, de la CIG, para denunciar que «aquí había amparo por parte da Administración». Subrayó que algunas de las multas inicialmente impuestas, siempre según la información recogida por el Diario Oficial de Galicia, se redujeron considerablemente.
En este punto, Aboi, haciendo referencia al testimonio de empleados y extrabajadores de la empresa, aseguró que, desde aquellas denuncias de Tráfico, los agentes de la Guardia Civil únicamente piden el carné del conductor de la ambulancia, pero no los papeles del vehículo.
En su intervención, el dirigente de la CIG sostuvo que existe un doble rasero a la hora de castigar a trabajadores que defienden sus derechos en la calle, caso de Tamara y Ana, y a una empresa como BDM. «¿Non hai motivo para que o fiscal Aladro deixe de veranear onde queira que esté, deixe de esconderse, e veña actuar?», reclamó, toda vez que entiende que se puede estar ante indicios de supuestos delitos contra la salud pública y falsificación.
Además, exigió que intervengan las distintas Administraciones implicadas, precisando que BDM ha trabajado para los ayuntamientos de Porriño, Moaña, Cotobade, Marín, Ponte Caldelas, Redondela... Y así hasta superar la decena de municipios, «todos da mesma cor política, que é o Partido Popular».
Criticó a la Inspección de Trabajo, que depende del ministerio, que «non persigue isto». Tras asegurar que este organismo no había contestado a una denuncia interpuesta meses atrás, Aboi señaló que «está so para cando hai unha folga contra Citroën».
Supuestas irregularidades
No dudó en manifestar que la empresa arrastraba ya una «moitisima mala fama en todo o sector. A nivel empresarial porque afundía o mercado cuns prezos tirados e a nivel laboral porque ningún profesional quería ir para alí». En este punto, indicó que se trabajan entre 60 y 70 horas semanales «e so cotizas 16. Fan xornadas de 12 horas, de luns a venres, e cada tres semanas teñen unha quenda especial que é de venres ás 8 da mañá ao luns ás 8 da mañá, 72 horas. Isto chámase escravismo».
En este sentido, matizó que «non había nóminas, non se entregan nóminas, non hai vacacións ou son ridículas, non hai roupa de seguridade, non se pagan nocturnidades, non se pagan horas extra nin de presencias...», además de que «non hai revisións [das ambulancias]. Debe de ser que levan vacas ou levan porcos ou levan bois».