Este martes, los cinco imputados tienen previsto comparecer en la Fiscalía de Pontevedra
26 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La investigación por parte de la Fiscalía de delitos económicos de Pontevedra de una supuesta trama de captación de subvenciones de I+D+i con la que estaría relacionado el grupo empresarial Taelpo y un profesor de la Universidade de Vigo entra en su semana decisiva. El martes, el fiscal tomará declaración a cinco imputados con el objetivo de esclarecer la veracidad o no de este extremo.
¿Cómo y cuándo surgió esta investigación?
Aproximadamente, a principios del cuarto trimestre del pasado año, el ministerio público recibió una serie de documentos remitidos de manera anónima. En los mismos se detallaba un presunto fraude a la hora de tramitar y gestionar una serie de ayudas económicas que, en principio, estaban destinadas a proyectos tecnológicos. Inicialmente el procedimiento fue asumido por el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, quien posteriormente se lo trasladó al fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló. Solo fue a finales de enero del 2013 cuando La Voz sacó a la luz la investigación.
¿Qué es lo que quiere esclarecer el fiscal?
En los documentos reseñados, se aludía a una serie de hechos sobre los que el ministerio público está pivotando sus pesquisas. Por un lado, si es cierto que las personas que se hizo constar en los proyectos no fueron conscientes de que sus nombres aparecían en los mismos como investigadores y si reunían o no la cualificación técnica necesaria. Asimismo, se trata de dilucidar si existió algún tipo de falsedad documental en firmas y nóminas, si hubo o no irregularidades en las facturas emitidas, o si al dinero de las subvenciones se le dio el destino para el que fue concedido.
¿Cuáles son los pasos que ha dado el fiscal?
Al poco de iniciar el análisis de los documentos remitidos de forma anónima, la Fiscalía requirió de la Xunta de Galicia copias de estos expedientes de subvenciones. La Administración autonómica respondió a la petición y no solo remitió los documentos solicitados, sino también otros expedientes en los que aparecía consignada alguna de las firmas que conforman el grupo tecnológico.
¿Se ha producido algún interrogatorio ya?
Sí. A mediados de marzo, tres testigos llamados por la Fiscalía corroboraron algunas de las afirmaciones que aparecían reflejadas en los papeles. Esto es, según confirmó posteriormente el propio Augusto Santaló, que algunas de las personas que figuraban como investigadores en los proyectos, presuntamente, no tenían cualificación. El fiscal reconoció que estas tres personas pertenecen «a un grupo» que, al parecer, fue despedido tras pedir explicaciones. Ya en abril, comparecieron más testigos, entre personal de Taelpo y representantes de la Universidade de Vigo. De sus declaraciones únicamente trascendió que el ministerio público había hallado más indicios, presumiblemente, incriminatorios.
¿Cuantas personas han sido imputadas?
Cinco. A ninguna de ellas se le acusa de un delito concreto, sino que su imputación busca garantizar el derecho de defensa. Esto es, que cuando sean llamados a prestar declaración, lo hagan acompañados por sus abogados. La figura del imputado les permitirá, en todo caso, negarse a contestar todas o algunas de las preguntas que se les formulen e, incluso, no ser veraces a la hora de dar una explicación. Los imputados son dos de las cabezas visibles del grupo empresarial pontevedrés, entre ellas el presidente José Miguel Estévez Rodríguez; otros tantos empleados de confianza; y un profesor de la Universidade de Vigo, Luis Anido. Todos ellos está previsto que acudan este martes a la sede del ministerio público capitalino, en la quinta planta del edificio judicial de A Parda.
¿Y el futuro?
Tras estas comparecencias, el fiscal de delitos económicos deberá decidir si judicializa el caso e interpone una querella contra todos o algunos de los imputados o, si por el contrario, archiva las diligencias. En cualquier caso, el juicio, de haberlo, no se celebraría hasta pasado el verano.