La imputación del secretario de las infantas apunta a doña Cristina y Diego Torres ya ha disparado en dirección al rey
31 ene 2013 . Actualizado a las 16:28 h.El auto del juez José Castro no es solo demoledor para Iñaki Urdangarin, sino que además pone en el punto de mira a José Manuel Romero Montero, conde de Fontao, asesor del rey. Asimismo, deja en evidencia a los Gobiernos valenciano y balear de entonces. La imputación del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, apunta también a doña Cristina. Mientras, Diego Torres ya ha disparado en dirección al rey. El caso que empezó afectando solo al duque de Palma está poniendo en jaque a la más alta institución del Estado y llega ya a las puertas de la Zarzuela.
Infanta Cristina
La única no imputada. Doña Cristina es la única de los cinco integrantes de la cúpula de Nóos que no está imputada, tras haberlo sido Carlos García Revenga. Además, la infanta compartía con su esposo al 50 % Aizoon, una sociedad instrumental que este y Torres utilizaron supuestamente para desviar los fondos del instituto con facturas falsas y evadir el capital a paraísos fiscales. ¿Tenía conocimiento de las actividades presuntamente ilícitas de su marido? De momento, el juez no ha observado indicios de criminalidad en su conducta. Sin embargo, Ana María Tejeiro, la mujer de Torres, sí está imputada, lo que el exsocio y hoy enemigo de Urdangarin considera discriminatorio.
¿Puede ser imputada?
Efectos demoledores. Torres amenaza ahora con dar a conocer nuevos correos que revelarían el papel activo de la hija del rey en los negocios de Nóos, lo que haría inevitable su imputación. Si se llegara a producir tendría consecuencias demoledores para la institución monárquica, que atraviesa su momento más crítico, con los índices de popularidad más bajos en tres décadas. Supondría la implicación directa en un caso de corrupción de la hija del rey, no como hasta ahora de su yerno.
El rey
Chantaje a cuentagotas. Torres comenzó su guerra de correos en abril con uno que dejaba ver la participación tanto de la infanta como de don Juan Carlos en los negocios de Urdangarin. Fechado el 30 de septiembre del 2007, el duque le dice a Torres; «Tengo un mensaje de parte del rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema de la base del Prada. Y que en principio no habrá problemas y que nos ayudarán a tenerla». Se trataba de lograr el patrocinio de un barco para la Copa del América. Hace algo más de dos semanas filtró otro en el que revelaba que Corinna, amiga personal del rey, participó en la Valencia Summit del 2004, uno de los eventos bajo investigación por desvío de más de un millón de euros de fondos públicos.
Además, García Revenga se presentaba en el folleto de presentación de Nóos como «asesor de la Casa de S. M. el Rey». El juez asegura que lo hacía «faltando deliberadamente a la verdad», pero lo cierto es que nunca se le exigió que retirara ese cargo que no le correspondía. Por otro lado, Castro pone en la picota al conde de Fontao, estrecho colaborador del monarca. Según la versión oficial de la Zarzuela, el rey exigió a Urdangarin, en el 2006, que abandonara sus negocios y rompiera con Torres y le encargó a Romero Moreno que lo llevara a cabo. Pero lejos de hacerlo, supuestamente ayudó al duque a crear una fundación sustituta de Nóos. Pero, además, según el auto, le dio licencia para que «hiciera lo que quisiera» siempre que no apareciera oficialmente en los cargos directivos.
Valencia y Baleares
Camps y Matas, en evidencia. Los Gobiernos de Francisco Camps y Jaume Matas salen muy tocados. Castro asegura en el auto que los convenios de colaboración que firmaron con Nóos «son fruto de decisiones arbitrarias adoptadas mediante un ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad». Resalta que existen «intensos y variados indicios» de que Urdangarin y Torres fueron quienes impusieron las condiciones de los convenios, «calcados en gran parte los de una comunidad a los de la otra y fijaron unilateralmente el precio que en todos los casos fue asumido sin discusión ni contraste por los responsables de las distintas Administraciones públicas». Además, señala que los encargos no respondían a verdaderas necesidades, sino que fueron fabricadas expresamente para que se ajustaran a las ofertas del instituto. La conclusión de juez es que los responsables son «de ordinario merecedores del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados», si bien «a esa censura se contrapone aquella a que son acreedores quienes utilizan en su exclusivo beneficio el área de influencia que suele ser inherente a la más alta institución del Estado».