La culpa no fue del jabalí que irrumpió en la calzada, sino de la conductora que se «olvidó» de la señal que advertía del peligro
OURENSE CIUDAD
La Audiencia Nacional rechaza que el Estado indemnice a la compañía aseguradora de una conductora por un accidente con un animal en el concello ourensano de Vilamarín
08 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Son muchos, cada vez más, los accidentes de tráfico provocados por animales que tienen como escenario alguna carretera de la provincia de Ourense. La irrupción en una vía de ejemplares en libertad de distintas especies es una preocupación en aumento para los conductores, que en el mejor de los casos suelen tener que afrontar la reparación de daños materiales en sus vehículos. Algunos de ellos tratan de buscar responsabilidades en los propietarios de cotos de caza o en los titulares de las carreteras, pero no es raro que las administraciones logren eludir cualquier tipo de culpa para no tener que rascarse los bolsillos.
Lo sabe bien una conductora que acaba de perder el pleito que su aseguradora emprendió contra el Estado. La compañía presentó una demanda de responsabilidad patrimonial por un siniestro vial provocado por la irrupción de un jabalí en una carretera nacional, pero los magistrados de la Audiencia Nacional, a donde llegó el caso tras rechazarse la demanda en vía administrativa, entienden que no hay motivos para culpar al Estado de lo ocurrido y ven negligente la actitud de la conductora.
El motivo de todo esto es que en la zona en la que tuvo lugar el percance había una señal. Se trata, en concreto, de un tramo de la carretera N-525, a su paso por el municipio de Vilamarín, en el que desde el año 2012 existe un único cartel, en cada sentido, en el que se informa a los automovilistas del «paso de animales en libertad». Tanto la Guardia Civil como la Demarcación de Carreteras en Ourense constataron la presencia de esos letreros, informando además de la existencia de una placa complementaria en la que se informa de que el peligro se extiende a lo largo de 12 kilómetros.
Pero la compañía de seguros se quejaba, y en esto centraba parte de sus argumentos, de que la señal se encontraba situada a 4,7 kilómetros del lugar de la colisión, reprochando que no existieran otras acciones complementarias como señales luminosas, vallas metálicas de protección o carteles informando de que se trata de una zona de concentración de accidentes encaminados a incrementar la precaución por parte de los automovilistas. «Ninguna de esas medidas es exigible para responsabilizar a la Administración del accidente», advierten los togados.
Más señales podrían «distraer»
Argumentan que por tratarse de una carretera convencional no era «obligatoria» la presencia de un sistema de vallado, considerando además «suficiente» la presencia de una sola información vertical en un tramo de 12 kilómetros. «No sería de recibo sembrar la carretera de señalizaciones reiteradas cada poca distancia, como parece querer la parte actora, que bien podrían suponer un elemento de distracción del conductor», opinan los magistrados.
Y no solo liberan así al titular de la vía, el actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de cualquier responsabilidad económica, sino que además ven «determinante y decisivo» en lo ocurrido la conducta de la mujer que iba al volante del coche accidentado a las ocho y cuarto de la mañana de aquel 4 de febrero del 2022. «No era difícil recordar unos minutos la advertencia de peligro», sostienen los togados. Creen que a pesar de que la señal estaba a casi cinco kilómetros del punto de colisión, la conductora demostró falta de pericia al no evitar, no explican de qué manera, el choque. «Olvidar dicha advertencia no es propio de un conductor diligente», concluyen.
Así las cosas, desestiman la demanda e imponen a la aseguradora el pago de las costas del proceso judicial, que ya no tendrá más recorrido.