Un caso de contratos irregulares en Ourense llega a 4 excargos del BNG
OURENSE CIUDAD
El magistrado corrige en dos meses su decisión para aceptar la tesis del fiscal y ampliar las imputaciones
25 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El caso de las asistencias técnicas en el Concello de Ourense, por el que el juez ya había imputado al exalcalde socialista Francisco Rodríguez y a la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto, ha dado un nuevo giro. Leonardo Álvarez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, ha rectificado una decisión anterior del pasado 22 de enero, en la que liberada del procedimiento a la exresponsable socialista de personal, Carmen Dacosta, al actual alcalde y a la totalidad de los exconcejales o exdirectores generales del sector nacionalista. La fiscalía recurrió aquella decisión para reclamar que los nacionalistas siguieran imputados y el magistrado ha acogido parcialmente la solicitud. En un auto notificado ayer decide que la tramitación continúe y se mantengan como imputados Iolanda Pérez, Xosé Somoza, Xosé Carballido y Fernando Varela, que hoy reparten simpatía o militancia entre el BNG, del que todos eran miembros durante el bipartito, Anova y Compromiso por Galicia.
El juez, que ya había dejado fuera al nacionalista Manuel Herminio Iglesias, con escasa relevancia en el gobierno municipal durante el tiempo que asumió responsabilidades, reafirma la exculpación de los extenientes de alcalde Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata. El primero, porque al haber cesado en junio del 2009 aún no había reparos del interventor a las controvertidas contrataciones. El segundo, porque cesó poco después de los primeros reparos. «A ninguno de los dos se les puede hacer responsables del hecho de que los contratos investigados se prorrogasen de forma irregular», concluye el juez en su auto.
El juez indica que el momento de determinar responsabilidades es en el juicio y no en la instrucción
Recuerda el magistrado en su resolución que los contratos realizados bajo la controvertida fórmula de las asistencias técnicas son legales en su origen. El problema, según precisa en el auto notificado ayer, surge cuando se prolongan y se supera el límite de duración o el coste.
Al acoger ahora la posición del fiscal, el instructor aclara que estos cuatro políticos, cuya situación ha variado en dos meses y ahora recuperan la condición de imputados, firmaron prórrogas irregulares. Es evidente, dice, que «en este caso se ha cometido un delito continuado de prevaricación al permitirse la prórroga de varios contratos de forma irregular al haberse sobrepasado el límite temporal y cuantitativo de los mismos, tal y como de forma reiterada puso de manifiesto el interventor del ayuntamiento». Como responsables de área, los implicados tenían «poder para poner fin a esta situación» y no hicieron nada «para remediarla», indica. Con todo, el magistrado deja claro que «el momento para determinar si estas personas actuaron o no de forma dolosa no es en la fase de instrucción en la que nos encontramos, sino en el acto de juicio oral».
La investigación de este caso se centró en los casos de cinco trabajadores, aun cuando en los últimos años hayan sido más personas las que fueron contratadas en el Concello por este sistema.
El instructor añade como imputado a un funcionario por las polémicas asistencias técnicas
El recurso de la fiscalía contra el primer auto de transformación de diligencias previas en procedimiento, en el que limitaba el juez las imputaciones, no solo pedía que se levantara el archivo para los exconcejales y exdirectores generales del BNG, para quienes reclamaba que siguieran como imputados, sino que también pedía esa misma condición para el funcionario municipal José Manuel Oliver. El juez lo cita para el día 8 de mayo.
Se trata, según aclara, de la «persona responsable de varios informes en los que se ponía de manifiesto la necesidad de seguir desempeñando los trabajos para los que fue contratado el personal bajo la fórmula de asistencias técnicas, por lo que este juzgador accede a lo interesado por el ministerio fiscal». Quiere, con esa citación, que «explique en sede judicial» cómo en sus informes no puso de manifiesto la necesidad de que se hicieran esos trabajos bajo una figura contractual que estuviera amparada por la ley. Quiere el juez que aclare cómo no advirtió que las prórrogas no se ajustaban a la legalidad cuando reconoció en otra declaración «que le constaba la existencia de numerosos reparos emitidos por parte del interventor, admitiendo que alguno de los informes emitidos lo fueron después de los primeros reparos formulados».
Este caso se inició por denuncia de la CIG y USO orientada específicamente hacia el sector más político del grupo socialista.