La transparencia ha ocupado, por fin, el lugar que merece en el debate público de nuestro país. No hay responsable público, gobierno o administración que se precie que, de una u otra forma, no apele a la transparencia como modo en que han de organizarse y funcionar los poderes públicos, en sus distintas manifestaciones. La progresiva interiorización de las exigencias propias de la transparencia ha de ser entendida no como una carga enojosa que haya que soportar, sino como una oportunidad que, bien aprovechada, puede servir para combatir hábitos y usos asentados en la Administración Pública.
Gracias al impulso de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada hace menos de un año por las Cortes Generales, nuestras administraciones públicas han comenzado a cambiar paulatinamente su forma de actuar y de relacionarse con los ciudadanos. Un buen ejemplo lo constituye la Diputación de Ourense, institución que hoy ha actuado como anfitriona de la Jornada Transparencia y Gobiernos Locales, organizada por esta corporación junto con la Fundación Democracia y Gobierno Local, y celebrada en la ciudad de Ourense, gracias al impulso del presidente de aquella, José Manuel Baltar Blanco. La Diputación de Ourense, en efecto, ha sido la primera de España en aprobar una ordenanza de transparencia y un Código Ético y de Conducta. Además, ocupa un lugar muy destacado, el tercero, en la valoración global que a este respecto elabora la ONG Transparencia Internacional España.
En la jornada referida sobre Transparencia y Gobiernos Locales se han abordado, por parte de ponentes especialmente cualificados, temas de la máxima relevancia, que tienen que ver con dimensiones no siempre bien conocidas de la transparencia, como es la relativo a su valor político y económico; o que presentan una indudable vertiente práctica, tanto para quien solicita el acceso a la información pública, como para quien tiene que facilitarlo.
Esta jornada ha sido organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, una institución que nació hace ya más de doce años y que en la actualidad cuenta con veintitrés patronos, todos ellos diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Una institución que persigue, desde entonces y hasta ahora, un claro propósito: contribuir y dar soporte a todo tipo de actuaciones y de iniciativas para el conocimiento, el estudio, la difusión y el asesoramiento en materia de régimen local.
Además, la Fundación actúa también como lugar de encuentro y de intercambio en el que las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares pueden poner en común sus experiencias y coordinar esfuerzos para favorecer el desarrollo de sus funciones de cooperación y asistencia a las entidades locales.