Si uno presta atención a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social durante los últimos cuatro años, podría quedarse, aparentemente, tranquilo. Los ingresos del sistema han crecido más que los gastos (20,7 % frete a 12,8 %). Sin embargo, al observar la letra pequeña se puede apreciar que este resultado está condicionado por las transferencias del Estado, las cuales se han duplicado desde el año 2019. De hecho, sin estas aportaciones el déficit habría sido un punto del PIB superior al observado. Además, el gasto en las prestaciones contributivas es de 50.000 millones de euros, superior a los ingresos contributivos.
Sin embargo, las previsiones del Ministerio de la Seguridad Social dibujan un panorama un tanto optimista, ya que el aumento del gasto asociado a la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad —instrumento que liga la evolución de las pensiones a la esperanza de vida— se verán compensados por el ahorro generado por la demora voluntaria de la jubilación y el aumento de las cotizaciones. De este modo, no serían necesarios nuevos aumentos de cotizaciones sociales u otras medidas correctoras del desequilibrio del sistema.
A lo largo de estos últimos dos años se han introducido varias reformas, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos. En un escenario sin reformas, el gasto en pensiones hubiera sido del 12,25 % del PIB. Tras suprimir tanto el factor de sostenibilidad como el índice de revalorización —medidas del Gobierno de Mariano Rajoy—, este porcentaje se sitúa en el 15,65 %. Las reformas aprobadas por el actual Ejecutivo permiten ahorrar un 2,81 % del PIB, por lo que el saldo total es prácticamente neutro —aumento del gasto en un 0,59 % del PIB—.
En realidad, el gasto en pensiones aumentará, según las estimaciones realizadas por Fedea, en un 3,5 % del PIB. ¿Por qué tal discrepancia? Por lo diferente de los escenarios macroeconómico y demográfico previstos por el ministerio y Fedea.
En aras de la brevedad, conviene tratar algunos de los puntos más destacados. Por ejemplo, muy comentada en la conversación pública, la modificación del sistema de cotización de los trabajadores autónomos en base a sus ingresos reales aportaría unos ingresos del 0,6 % del PIB. Pero si a los ingresos totales del sistema por cotizaciones del RETA se les aplica el incremento de la base media de cotización esperada, el aumento es de justo la mitad. Eso sin tener en cuenta el más que previsible aumento del gasto de las pensiones por las mayores cotizaciones, que el ministerio no considera en sus previsiones. Estimaciones infladas en ingresos (por el incremento del SMI), y escasas en los desembolsos (aumento de pensiones mínimas), ayudan a cuadrar las cuentas del sistema.
En lo que respecta al cuadro macroeconómico, se espera una tasa de desempleo del 5,5 % y un crecimiento promedio del 2 % hasta el 2050. Los cálculos realizados por la Comisión Europea y la AIReF proyectan una tasa de paro del 7 % y un crecimiento del PIB del 1,6 %. La productividad se multiplicaría por tres con respecto al nivel actual. Todo ello, sin asumir un impacto negativo en el empleo debido a las mayores cotizaciones sociales. No estaría de más añadir escenarios alternativos un poco menos optimistas en base al desempeño económico histórico de España. En vez de estimar los ingresos y gastos del sistema en función de unas previsiones demográficas y macroeconómicas más o menos prudentes, parece como si el Gobierno hubiera elaborado unas previsiones para obtener el nivel de ingresos y gastos deseados. Este optimismo irracional se traducirá en mayores costes laborales, que afectarán a la creación de empleo y a la actividad económica.