El Congreso liquida las trabas que sufren los menores tras el asesinato de su madre. Nadie puede estar en contra de semejante iniciativa legal. Lo extraño es que haya que aprobar un dictamen y reformar algo tan obvio. Si se reforma es porque antes no estaba así recogido, lo que deja a las claras que las cosas no funcionan. Que unos hijos que pierden a su madre debido al asesinato de esta tengan que entrar en la rueda de la burocracia para recibir pensiones, herencias o indemnizaciones clama al cielo. Todo debieran ser facilidades para que estos huérfanos accedan a las prestaciones que pudieran corresponderles. Pero los padres de la patria o bien están en la higuera o buscan titulares que los catapulten como abanderados de la lucha contra esta lacra y sus efectos colaterales. Que a estas alturas, y tras las masivas campañas para tratar de acabar con estos asesinos, se esté aún legislando sobre la posibilidad de que los hijos de las víctimas puedan cobrar una pensión parece de chiste. Menos demagogia y más efectividad. Y busquen solución al problema del cobro de las indemnizaciones que los tribunales imponen a sus padres por el crimen. Pocos son los condenados que pueden pagarlas, por lo cual el Estado debería hacerse cargo de abonarlas a los hijos y, a posteriori, tratar de cobrárselas al deudor, en caso de que este venga a mejor fortuna.