Después de tres años consecutivos de crecimiento económico, España está a punto de recuperar el nivel de riqueza que tenía en vísperas de la crisis. Como muy tarde, según acaba de vaticinar Rajoy, ese momento llegará a mediados del 2017. La mayoría de la población, sin embargo, vive peor que hace ocho años: hay más parados, los sueldos de quienes trabajan son más bajos y el salario en especie que suponen la educación y la sanidad públicas también se ha reducido. ¿Cómo se explica que, con el mismo PIB, con similar nivel de producción, haya más pobres de solemnidad, más parados, más salarios de subsistencia?
No hace falta un máster en Economía para responder a esa pregunta. La respuesta la dicta el sentido común: la desigualdad se ha disparado. La factura de la crisis la pagaron los trabajadores más precarios y los frutos de la recuperación los acaparan, en porción creciente, unos pocos. Había mucha desigualdad cuando entramos en la gruta de la crisis y hay mucha más cuando los clarines oficiales anuncian la salida del túnel. Las rentas del capital ganaron peso relativo, en detrimento de las rentas salariales, mientras la tarta menguaba; y siguen ganando peso mientras la tarta crece. Los ingresos medios del 10 % de la población más rica eran diez veces superiores al 10 % de la población más pobre cuando se desató la tormenta; ahora son quince veces mayores.
La riqueza creada anualmente por la economía española, después de haberse desplomado un 8 % en el quinquenio 2008-2013, se acerca al nivel del año 2008. Pero el empleo sigue lejos de aquella cota: el pasado octubre había 17,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, un 8,7 % menos que en julio del 2007. Los salarios todavía están más alejados en términos reales: bajaron casi un 10 % entre 2008 y 2014, según datos recientes del INE, y no mejoraron en los dos últimos años. La guadaña de la devaluación salarial se cebó, además, en los funcionarios y en los trabajadores más vulnerables. El poder adquisitivo de los empleados públicos disminuyó un 16 % y los salarios más bajos cayeron un 28 %. Y cerca de cuatro millones de trabajadores cobran menos de 300 euros al mes. La tarta vuelve a ser igual de grande, pero a la mayoría de los comensales les han sustraído parte de su ración.
La desigualdad genera frustración y alimenta la indignación. Pero el Gobierno -este y los anteriores-, cuyo papel influye menos en la generación de riqueza que en su reparto, alardea de las tasas de crecimiento y oculta la creciente brecha social. Porque conviene decirlo de una vez: el mercado libre de ataduras y de regulaciones genera crecimiento, pero también desigualdad. La tarea de crear riqueza recae, fundamentalmente, en las empresas y en los trabajadores. La tarea de redistribuir la renta y conseguir un razonable grado de equidad corresponde, esencialmente, a los poderes públicos.
Por eso no se entiende -o sí- que la lucha contra la desigualdad no ocupe un lugar prioritario de la agenda política.