Para culminar la secesión -Baños dixit- «hay que montar un pollo». Y ese montaje es, por naturaleza, un acto ejecutivo. Por eso creo que disparar la flecha contra el Parlamento y su presidenta, en vez de hacerlo contra la Generalitat y su presidente, es un grave error de concepto, de momento y de estrategia. Lo que va a hacer el Parlamento de Cataluña -aprobar una declaración de ruptura, desobediencia y rebelión- lo hizo Mas -que es una institución- varias veces. Y, aunque la solemnidad del hemiciclo puede confundir a los que no saben de política, es evidente que sus contenidos solo pueden tener efecto si actúa la Generalitat como colaborador necesario. Así que, si seguimos aplicando la doctrina que -en contra de mi criterio- hemos aplicado hasta ahora, bien podrá sostener Forcadell que las intenciones no delinquen, que el proceso es político, y que hasta que España pierda su autoridad sobre Cataluña no habrá habido sedición.
Los catalanes no van a ciegas, y han organizado el proceso de tal manera que logran un gravísimo resultado a base de actos que al Gobierno, a los tribunales y a los expertos más tibios les parecen casi inocentes. Y por eso, al renunciar a actuar a tiempo contra el que ideó, dirigió, pagó e impulsó la algarada, es del género idiota -bastante inocente y cobarde- dejar intacto a Mas y arremeter contra Forcadell, o dejar la Generalitat en la penumbra y poner los focos sobre el Parlamento.
La señora Forcadell sabe lo que se cuece, y algo debió de hacer para que ningún letrado del Parlamento haya advertido -por incompetencia e inconstitucionalidad- la ilegalidad de la declaración. Y por eso, al no haberse recurrido nunca contra los letrados que llevan tres años haciendo la vista gorda en todos los actos del proceso, va a ser muy difícil imputarle a la señora presidenta el «a sabiendas» que la ley exige para demostrar su prevaricación.
Contra Mas y la Generalitat no se actuó por miedo, y contra Forcadell y el Parlamento se actúa por puro pavor ante el acto que empieza. Y ambos miedos son malos consejeros. La falsa idea de que España va contra el derecho a decidir -que está muy arraigada- se exacerbará sin duda si se actúa contra la autoridad parlamentaria en vez de hacerlo contra la ejecutiva. Y por eso el Gobierno y el Constitucional se exponen a que, en vez de frenar el proceso, le den nuevos argumentos e impulsos a los estrategas de Mas para forzar la aplicación, en cualquiera de sus grados, del Art. 155 de la Constitución. Por eso deberían dejarse de paños calientes y actuar con la radicalidad que exige este juego de truhanes. Porque -aunque digan lo contrario todos los tribunales del mundo- no hay nada más absurdo que una imputación que se desahoga en la parte y deja impune al todo. Y porque solo la lógica -pudo decirlo Sócrates- se impone sobre el derecho.