Ya se han celebrado las manidas elecciones municipales y autonómicas, y, excepto alguna sorpresa puntual, las urnas han sancionado lo que pocas encuestas vislumbraron: la moderación del bipartidismo, el fin de las mayorías absolutas, pero el mantenimiento del PP y del PSOE como primeros partidos de gobierno, y la irrupción, como tercera y cuarta fuerza, de Podemos y Ciudadanos. Y unas elecciones locales y regionales no son unas generales.
A partir de ahora habrá una etapa de transición hasta que las generales liberen el tapón de los pactos allí donde no se han conseguido mayorías absolutas. No serán ocho meses de desgobierno ni tampoco de confusión. Serán meses de finezza, que diría Andreotti, de galanteo hasta el baile de las parejas que hayan formalizado relaciones, y entre tanto habrá ruido mediático y, eso sí, ahorro a chorros, porque allí donde no se constituyan gobiernos ni parlamentos en plenitud no habrá gastos inútiles. Y es que el gasto de la mayoría de las autonomías trae de cabeza a Bruselas y aviva la duda de los contribuyentes: ayuntamientos y comunidades gestionan un porcentaje altísimo de los presupuestos públicos. ¿Trabajan para sus ciudadanos o estos bregan para que aquellos florezcan?
Este tiempo que se inicia y en el que cada partido guardará sus cartas para el momento oportuno debería servir para meditar sobre las reformas pendientes que nos pide la UE y que necesita España. Reformas por el lado de la oferta agregada, que en algunos aspectos se han quedado cortas y en otros apenas esbozadas. Son las que propone el profesor Juan José Toribio, después de afirmar que en el 2015, «año crucial» a su juicio, «se han agotado los instrumentos de gestión de la demanda agregada».
Y ¿cuáles son esas reformas relacionadas con la oferta agregada que propugna Toribio? Pues en dos vectores: profundizar la reforma laboral mediante la supresión del salario mínimo («porque si está por debajo del de mercado no sirve y si está por encima frena la creación de empleo estable»), unificar los contratos, impulsar los trabajos a tiempo parcial; adhesión explícita (y no obligada) del trabajador al convenio de empresa, mayor movilidad funcional y geográfica, unificación de la rescisión individual y colectiva, ERE incondicional, y desjudicialización de las relaciones laborales. Y como segundo vector de reformas, las asociadas a reducir la deuda soberana: reforma seria de las Administraciones, de la Seguridad Social (alargar más la edad de jubilación y bajar cotizaciones -subiendo el IVA- «porque en un país que tiene el problema de paro que tiene España es absurdo un impuesto al trabajo»), del Estado de bienestar («financiando una parte con cargo a impuestos y otra con pago del usuario-copago»); unificando el fragmentado mercado nacional, reajustando el sistema tributario en la línea del informe Lagares; introduciendo más competencia en muchos mercados de oligopolio, y modificando el sistema educativo, el energético y el judicial («este último lento y que no garantiza el cobro de las deudas»). Un programa económico que, de ser necesario, solo podría llevarlo a cabo un Gobierno fuerte y con muchos redaños para ejecutarlo.
24M: los nuevos gobiernos