Una de las cuestiones más preocupantes del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocian los EE.UU. y la Unión Europea es la inclusión de tribunales de arbitraje de carácter privado para resolver los conflictos de interés entre las empresas y los Estados soberanos. Incluir este tipo de tribunales (ISDS por sus siglas en inglés) es una práctica habitual en los tratados bilaterales, en especial si uno de los firmantes es EE.UU. Su finalidad es establecer un espacio de resolución de conflictos al margen de los tribunales ordinarios de cada país, para lo que los Estados tienen que renunciar de forma explícita a su jurisdicción.
En acuerdos similares, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) firmado por EE.UU., Canadá y México, se crean tribunales de arbitraje con árbitros que no son los jueces oficiales de los sistemas de justicia, son abogados mercantilistas con demasiada disposición a fallar a favor de las empresas.
Si finalmente el TTIP se aprueba incluyendo estos tribunales privados, se abre de par en par la puerta para que las grandes multinacionales demanden a los Estados cuando, en el ejercicio de su soberanía, tomen decisiones que afectan de alguna forma a sus cuentas de resultados. Esto es, imponer la lógica del beneficio sobre la lógica de la democracia.
Un repaso breve a los casos más conocidos de demandas en los tribunales de arbitraje ya existentes en otros tratados nos da una idea de la magnitud de los riesgos. Un informe publicado por la fundación alemana Erbert señala, entre otras, la demanda de la compañía sueca Vattenffal contra el Estado alemán por su decisión de abandonar la energía nuclear después del accidente de Fukushima; la demanda de la tabaquera Philip Morris contra Uruguay y Australia por el etiquetado de las cajetillas de tabaco; la demanda de la petrolera Lone Pine contra Canadá por aprobar una moratoria de la fracturación hidráulica; la demanda de la multinacional farmacéutica Lilly contra Canadá porque este país declaró nulas las patentes de dos medicamentos cuya utilidad no estaba demostrada.
Y, para terminar, el caso tal vez más escandaloso de todos, el de la multinacional francesa Veolia que demandó a Egipto porque el Gobierno subió el salario mínimo del país y la ciudad de Alejandría se negó a modificar el contrato de recogida de basura que gestiona la compañía francesa.
Derechos laborales, protección del medio ambiente, patentes farmacéuticas, la salud de las personas son, precisamente, algunas de las cuestiones centrales que se están negociando en el TTIP. Es inaceptable, en realidad incompatible con la democracia, que los Estados renuncien a su soberanía, a sus tribunales de justicia, a su legislación, a su capacidad para tomar decisiones poniéndose en manos de tribunales privados. Si alguien alberga dudas sobre cómo funcionan este tipo de entidades, que recuerde el papel de las tres grandes empresas del monopolio de las agencias de calificación -Moodys, Standard & Poor y Fitch- en la crisis de la deuda soberana de 2013, que atacaron sin piedad a los Estados en beneficio de los fondos especulativos.