Todos los años comienzan con un rito: las uvas. Al segundo siguiente comienza un calvario: un asalto al bolsillo ciudadano con la subida de precios. En la edición del 2013, esa subida se ha hecho con desconsideración, desvergüenza, osadía y abuso manifiesto. No retiro ninguna de esas cuatro calificaciones, por muchas y severas razones que hayan existido en la mentalidad de quienes aprobaron tarifas y tasas, que son diversas instancias de todas las Administraciones públicas. En realidad, gran parte de los nuevos precios son creación fraudulenta de impuestos, algo expresamente prohibido por las leyes.
Pienso en el aumento del IBI en bastantes lugares de España. Se hace justo cuando los bienes por los que se paga sufren la mayor desvalorización de los últimos quince años. Que a menos valor haya que pagar más contribución es algo que habría que explicar, y quizá en los tribunales. Algo parecido se puede decir de las nuevas tarifas del agua, en los municipios donde se ha subido. El nuevo precio de la luz está plagado de tramos que realmente son una trampa para una subida generalizada mayor de la dicha oficialmente. Y otras tasas, como las aeroportuarias o el transporte público, tienen la finalidad única de corregir el déficit acumulado por Aena o las empresas municipales del sector. La bajada de los billetes del AVE, anunciada por Ana Pastor, afecta a una minoría y, por tanto, no compensa para nada el resto de los atracos.
El agravante es el momento en que se produce todo esto: cuando personas y familias atraviesan el peor momento, también de los últimos años. Ya no hablo de las víctimas del paro. Hablo de quienes todavía tienen un salario, porque se ha publicado la media de incrementos pactados en convenio en el 2012, y no llega al 2 %. Como todas las subidas superan ese porcentaje, e incluso el dato final de inflación del año (un 2,9 %), no estamos solo ante una clamorosa pérdida de poder adquisitivo, sino ante un empobrecimiento general, con especial repercusión en las capas más modestas de la sociedad.
Todo esto es consecuencia de la obligación de sanear las cuentas, con lo cual se restringen las razones para protestar. Pues yo protesto. ¿Alguien se ha parado a pensar lo que supone el precio de la luz para una granja gallega, por ejemplo? ¿Y para una pequeña industria de cualquier pueblo? Ya está bien de las soluciones fáciles de subir precios y echarse a dormir. Ya está bien de cargar sobre el contribuyente la responsabilidad de los números públicos descontrolados. Ya está bien de subir todo de golpe, con ausencia de sensibilidad social. Ya está bien, dicho sea en palabras de ministro, de que la función de gobierno sea la de repartir dolor.