El exterminio indiscriminado de civiles en la ratonera de Gaza constituye otro trágico episodio de un presente vergonzoso que se afana en regresar a los más oscuros horrores del pasado. Cuesta atisbar algo de luz en esa infame montaña de escombros, pero algún día habrá que reconstruir edificios, escuelas, hospitales e infraestructuras básicas, si es que nos queda un ápice de humanidad hacia el pueblo palestino. Y la factura será enorme: hacer ahora una estimación precisa de los últimos daños es tarea imposible. En apenas dos meses, Gaza ha retrocedido décadas; su maltrecha y depauperada economía, que ya venía en caída libre desde la pandemia, ha quedado reducida a cenizas. Desde comienzos de octubre, se han perdido el 60 % de los puestos de trabajo. El asedio militar israelí constituye la estocada mortal a un territorio enfermo y malherido, cuya desdicha no se explica solo con la recurrente coartada de Hamás. Lo ha analizado con mucho detalle la propia ONU. La situación de Gaza ya era especialmente dramática antes del actual conflicto: las restricciones a la circulación de personas y mercancías, la destrucción de activos en frecuentes operaciones militares y la prohibición de importar tecnologías e insumos clave han abocado irremediablemente a la pobreza a los palestinos, hasta el punto de que ocho de cada diez habitantes de Gaza, por ejemplo, dependen para subsistir de la ayuda humanitaria. A esto se añade la constante pérdida de tierras y recursos naturales en favor de los asentamientos israelíes. Un panorama de ocupación, de bloqueo y de enclaustramiento transfronterizo que hace que en Gaza no exista una economía, tal y como se la define en los estándares internacionales. Los palestinos no tienen moneda, ni banco emisor, y el 72 % de su comercio se lleva a cabo con su poderoso vecino. Sumen a esto la pandemia y la escalada de precios en los alimentos básicos. Gaza, una gigantesca escombrera de la que han huido más de un millón de personas, ya era antes un lugar casi inhabitable.