La vista, si no se producen cambios, será a principios de mayo en la Audiencia Provincial
24 feb 2016 . Actualizado a las 11:49 h.Si no se producen cambios de útima hora, los ocho procesados en la denominada operación Rei, tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de lugo a principios del próximo mes de mayo. El Tribunal Constitucional rechazó los recursos presentados por tres de ellos y queda pendiente un cuarto. Era una de las últimas cartas que jugaban, entre otros, el exalcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, que fue el principal investigdo. En la operación, la policía trató de buscar datos sobre las posibles adjudicaciones irregulares llevadas a cabo en el municipio por parte del que era en su regidor durante su mandato. Inicialmente habían sido imputadas por parte de la jueza del caso a más de una treintena de personas, pero finalmente el fiscal solo pidió penas para ocho de ellas. Algunos de los implicados inicialmente también estarían relacionados con adjudicaciones alegales en varios municipios de la provincia.
Los promotores del recurso solicitaban que se declararse nula toda la instrucción porque consideraban que se produjo una supuesta vulnetación del derecho al juez predeterminado por la ley, después de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo con relación a la operación de las multas de tráfico que llevó a cabo la misma jueza. Esas reclamaciones se produjeron después de que la Audiencia Provincial acordase anular toda la instrucción, pero la fiscalía recurrió y el Supremo consideró que debería celebrarse el juicio.
Los acusados y los presuntos delitos
Juan José Díaz Valiño.Exalcalde. Prevaricación: diez años de inhabilitación para empleo o cargo público. Falsedad en documento público: cuatro años de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo y multa de 12 meses con cuota diaria de 12 euros. Tráfico de influencias: diez meses de prisión, multa de 70.000 euros e inhabilitación especial por cuatro años. Cohecho: multa de 3.000 euros y suspensión de empleo o cargo público por dos años y seis meses.
Antonio Balado Teijeiro. Exconcejal de aguas. Prevaricación: nueve años de inhabilitación.
Roberto Lorenzo Fernández.Teniente de alcalde, antes y ahora. Prevaricación: nueve años de inhabilitación.
Ana María Canto Rodríguez. Concejala socialista antes y ahora. Prevaricación: ocho años y medio de inhabilitación.
María José Fernández Legaspi. Secretaria municipal. Prevaricación: ocho años de inhabilitación. Falsedad en documento público: cuatro años de prisión, cuatro de inhabilitación y multa de 12 meses a 12 euros diarios.
Óscar Luis Expósito Fernández. Ingeniero de montes. Prevaricación: siete años y medio de inhabilitación.
Manuel César Vilas Ramos. Arquitecto y director de la obra de colocación del ascensor en el consistorio. Falsead en documento público: un año y seis meses de prisión e inhabilitación durante igual tiempo. Multa de nueve meses con cuota diaria de 12 euros.
Manuel Blanco Trigo. Empresario. Tráfico de influencias diez meses de prisión y mult de 70,000 euros,