Ayer se celebró el juicio contencioso de la interventora contra el Concello de Monforte La mayoría de los testigos negaron haber tenido problemas con la funcionaria
10 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?yer se celebró en Lugo el juicio del recurso contencioso-administrativo contra el Concello de Monforte presentado por Mónica Legaspi. Esta funcionaria fue la interventora municipal durante dos años y el Concello la suspendió de empleo y sueldo el pasado mes de marzo durante un año por supuestas faltas que habría cometido en el desempeño de su cargo. Sin embargo, el castigo quedó suspendido cautelarmente por el Ministerio de las Administraciones Públicas cuando la funcionaria lo recurrió. Este organismo entendió que no había causa para la sanción y ordenó que la interventora volviese a su puesto de trabajo al menos hasta que se celebrase el juicio contencioso que ella presentó contra el Ayuntamiento. Este juicio se inició el verano pasado y quedó suspendido para que se practicasen nuevas pruebas. Ayer se reanudó y quedó visto para sentencia después de la comparencia de varios testigos. Casi todos declararon reiteradamente que ellos no habían visto cometer ninguna de las irregularidades imputadas a la interventora, sino que lo habían escuchado a otros compañeros. El secretario, de puntillas El secretario municipal, Julio González Puente, fue el primer testigo en declarar y en pasar de puntillas sobre las supuestas imputaciones a Mónica Legaspi, alegando que él era el secretario del expediente y que se limitó a dar fe como secretario. Dijo que conocía al grupo de funcionarios denominado «Delta Force» sólo porque apareció mencionado en el expediente. De la crispación que se había creado en el concello supuestamente por culpa de Mónica Legaspi dijo que eso no estaba recogido en el expediente como tal. Recordó que a la interventora se le abrió expediente a petición de un concejal sólo por haber enviado documentos municipales al Tribunal de Cuentas sin permiso de la corporación. En cuanto a la acusación de que Mónica Legaspi hacía reparos continuos a facturas del concello, el secretario dijo que «depende de lo que se entienda por continuos, recuerdo dos o tres». Reconoció que se redactaron las actas de las declaraciones de los testigos del expediente varios meses después de que las hicieran. También declaró a preguntas del abogado de Legaspi que los pagos los ordena el alcalde y no la interventora. Un bombero Otro de los testigos fue un bombero, que declaró que la interventora no los atendía ni recibía en su despacho porque «nos daba largas una ocasión tras otra para tratar asuntos económicos con ella», y también dijo que no les había pagado gratificaciones ya aprobadas por el pleno. Sin embargo, a preguntas del abogado de Mónica Legaspi declaró que al menos los había recibido unas diez o doce veces en su despacho, y que siguen sin cobrar las gratificaciones ahora que Mónica Legaspi no está en el Concello de Monforte desde hace casi un año. Sobre el grupo de funcionarios llamados «Delta Force» y que apoyaban a la interventora, dijo que imaginaba que existía por lo que había oído. También habló del supuesto clima irrespirable en el trabajo y del supuesto acoso de Mónica Legaspi a algunos trabajadores pero también de haberlo oído en una asamblea de trabajadores porque no le afectó a él directamente. El concejal Celestino Torres, que también compareció como testigo, contestó a las pocas preguntas formuladas por los abogados de ambas partes. Dijo que simplemente había declarado en el expediente como testigo porque entraba dentro de sus obligaciones de concejal y así se lo pidió la comisión creada a tal efecto. En el pleno donde se aprobó aplicar la sanción a la interventora dijo que él no había votado. Otra funcionaria que testificó fue María Victoria López Vázquez, que dijo que en una asamblea de trabajadores se había tratado la crispación laboral en el concello, las supuestas presiones o discriminaciones de Mónica Legaspi hacia otros trabajadores y otros asuntos varios, pero que ella no los había sufrido ni conocido sino que también hablaba por referencias porque no tenía relación con la interventora. En términos parecidos declaró la mujer del anterior interventor en funciones, que dijo que también había escuchado frases malsonantes sobre su difunto marido, pero ella realmente no las presenció. Reconoció haber estado de baja laboral por depresión pero no quiso relacionarlo con el expediente a Mónica Legaspi. Cao, contundente El único testigo que hizo imputaciones claras a Mónica Legaspi fue el funcionario del registro municipal, Fernando Cao. Culpó a la interventora de dar de baja en la seguridad social a varios funcionarios y de modificarle a él su tipo de contrato. También la acusó de enviar a la Diputación unos documentos haciendo ella misma la inscripción en el libro de registro de salidas. Textualmente dijo que la interventora en realidad «falsificó» dicho libro porque no estaba facultada para hacer tal inscripción. El documento enviado lo firmaba el entonces concejal de deportes Juan Carlos Díaz, por orden del alcalde. El abogado de la interventora le preguntó si era perito calígrafo para certificar que era la letra de Mónica Legaspi, a lo cual el testigo respondió que no. En el resto de acusaciones sobre la presión y el clima de trabajo en el concello, el funcionario dijo que todo eso también lo sabía «de oídas» y por tanto deberían preguntárselo a otros testigos.