El Supremo frustra la pretensión del Gobierno de cobrar a la Xunta por liberar Rande y A Barcala de peajes en la AP-9
GALICIA
El tribunal inadmite el recurso del Ministerio de Transportes, que intentaba corregir una sentencia previa del TSXG que también daba la razón al Ejecutivo gallego de quedar al margen de ese cobro, en un conflicto en el que hay en juego 45 millones
17 mar 2024 . Actualizado a las 18:14 h.El Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la Xunta en la pugna que mantiene la Administración gallega con el Ministerio de Transportes a cuenta de la liberalización de los peajes de Rande y A Barcala, en la AP-9, hace casi veinte años. El Gobierno interpretaba que una parte de esos fondos que se pagan a la concesionaria Audasa por retirar las cabinas tenía que pagarlos también la Xunta, y la pugna -por varias vías- lleva siete años en los tribunales. Uno de ellos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, falló en el 2022 contra el Ministerio asegurando que no procedía el pago de 15,6 millones que el Estado reclamaba a la Xunta por esa gratuidad. Esa decisión es la que recurrió posteriormente Madrid y la que acaba de tumbar también el Supremo.
¿Dónde está el origen de todo este problema? En una decisión del año 2006 por el que el Gobierno -entonces con la ministra Magdalena Álvarez- y la Xunta -con Emilio Pérez Touriño- liberaban de peaje el acceso a A Barcala (en el entorno de A Coruña) y a Rande (en Vigo). El coste de esos peajes pasaba a asumirlo el Estado y el Gobierno gallego, abonando a medias los ingresos que no iba a recaudar la concesionaria, Audasa, por hacer gratis esos tramos para los usuarios. En el 2017, sin embargo, se produce un cambio sustancial: con Mariano Rajoy ya en la Moncloa, el Estado decide eximir a la Xunta del pago en compensación por los retrasos en el traspaso de la AP-9. Y la vez decide rebajar el pago a la concesionaria al considerar que estaba recibiendo un lucro excesivo. Ahí está la clave: Audasa recurrió este punto y se le dio la razón años después por vía judicial. El Gobierno, ya con el PSOE, consideró que esa sentencia afectaba por igual a Xunta y Ministerio, e inició la pugna para que también la Consellería de Infraestruturas pagase. Pero se topó una y otra vez con la negativa judicial, hasta llegar al Supremo.
Este tribunal inadmite este último recurso al entender, en resumen, que no puede alegarse algo que no se ha hecho, porque el Estado no ha pagado a Audasa. Es decir, el recurrente (el Ministerio) está pidiendo al Gobierno gallego que ejecute algo -pagar a la concesionaria- cuando ellos no lo han hecho. Hay que recordar además que el Supremo también falló en su día contra Audasa, que pedía a la Consellería que le pagase por esos peajes. Es decir, el Gobierno gallego tiene ese blindaje también contra la gestora de la autopista.
¿Cuánto dinero hay en juego en todo este proceso? La última cifra conocida son 45 millones de euros que tanto Audasa como el Ministerio de Transportes reclamaban a la Xunta. Otra cosa es que, de triunfar la tesis de Madrid, la Administración gallega tendría que seguir pagando hasta el fin de la concesión de la AP-9, que es el 2048, con lo que la cifra seguiría creciendo año a año.