Los grupos se desentienden de tres comisiones de investigación tras citar a 113 comparecientes y consumir 170 horas de debate
22 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Hace doce años que el Parlamento gallego no logra cerrar con un dictamen ni una comisión de investigación. Y no es que no se soliciten. Solo el BNG demandó la apertura de cinco órganos fiscalizadores de este tipo durante la pasada legislatura (accidente ferroviario de Angrois, contratos del grupo empresarial Villar Mir, reapertura de la comisión de las cajas, siniestro del festival de O Marisquiño y recortes en la sanidad) y con el apoyo de otros grupos consiguió que se constituyeran las dos últimas y que se retomara la investigación sobre la extinción de las cajas de ahorro, creada ya en el año 2013.
Fueron en torno a cien días de trabajo los que emplearon los diputados de la Cámara gallega en celebrar las sesiones ordinarias, las ponencias o las reuniones de las mesas de dichas comisiones. Por la casona de O Hórreo desfilaron 113 de las 117 personas citadas a comparecer, pero sus aportaciones siguen perdidas en algún cajón, si es que alguien las guardó. Los grupos políticos no aprobaron ningún documento de conclusiones de dichas investigaciones ni han mostrado vocación alguna por retomar la labor en el actual período de sesiones. El PSOE no quiere ni oír hablar de la comisión de O Marisquiño, al PP le quema en las manos la de las cajas, mientras que nacionalistas y socialistas no tardaron en darle plantón a la comisión de los recortes en la sanidad, pese a crearla ellos mismos.
Todo el papeleo generado -para la comisión de las cajas hubo que habilitar una sala especial en la que poder consultar varias decenas de documentos-, así como las 170 horas de debate suscitadas solo con las comparecencias propiamente dichas, a un promedio de hora y media por cada interviniente, irán a parar a la basura. Bien es cierto que para los politólogos y estudiosos de todo pelaje siempre quedará un rastro de este fiasco en los diarios de sesiones y en el archivo digital de la Cámara autonómica.
Fue en el 2008 cuando el pleno del Parlamento aprobó el último dictamen de una comisión de investigación, relativa a una agente electoral del PSOE que se benefició de fondos de la Xunta para pedir el voto. Aquellas conclusiones tensionaron las costuras del bipartito de Touriño. Tras la llegada de Feijoo a la presidencia de la Xunta, se autorizaron tres comisiones de investigación, pero ninguna de ellas logró culminar sus trabajos con éxito.
La de las cajas de ahorro, por la que pasaron 43 comparecientes, entre ellos los presidentes Feijoo y Touriño, así como los máximos responsables de las entidades financieras, se cerró en falso en el año 2013. En ella ni siquiera llegaron a tomar parte activa todos los grupos, pues AGE, el precedente de las mareas, se limitó a acudir como observador. En el 2017, ya en la siguiente legislatura, hubo un intento de resucitar el órgano fiscalizador, pero la comisión volvió a quedar en el limbo.
El primer pleno de la legislatura debate crear una comisión sobre las residencias
Con todo, el fiasco que rodea a estos precedentes no hace desistir a la oposición de solicitar la apertura de nuevas investigaciones parlamentarias. Las consideran útiles, pese a que las prisas por hacer de ellas una especie de hoguera en la que quemar políticamente al adversario, las hacen inoperativas. En el primer pleno de la nueva legislatura, que tendrá lugar mañana, el BNG vuelve a la carga pidiendo una comisión de investigación sobre el impacto del covid-19 en las residencias de mayores gallegas, una iniciativa que el PSOE apoyará. Lo más probable es que no vea la luz, porque el PP la rechaza, al igual que hicieron los socialistas en las comunidades que gobiernan. Esta semana el PP apuntaba que su postura es intentar que el trabajo de la comisión de reactivación económica y social -que sí aprobaron los grupos- «sexa positivo para saber que fallou e, sobre esa base, propoñer reformas para o futuro».