La sección anticorrupción del Consello de Contas inicia el control del sector público
GALICIA
Exige a las Administraciones códigos éticos y planes de riesgo para evitar el fraude
12 mar 2019 . Actualizado a las 18:44 h.El Consello de Contas es el órgano fiscalizador del sector público de Galicia y desde el cambio normativo del año 2015 también tiene encomendado el control interno de las instituciones públicas gallegas para frenar los casos de corrupción política en la comunidad. Y lo hace a partir de este año a través de la Sección de Prevención de la Corrupción, que se encarga de controlar los sistemas de vigilancia interna de los departamentos de la Administración autonómica, de los ayuntamientos, de los demás entes públicos y de los organismos que reciben subvenciones y de las empresas que contratan con la Administración.
El nuevo departamento anticorrupción de Galicia utiliza la estructura y la experiencia del personal del Consello de Contas. Cuando se planteó la creación de un órgano interno de control de la corrupción en la propia Administración se tomó esa decisión para evitar incurrir en gastos adicionales asociados a la creación de nuevas oficinas o agencias de prevención de la corrupción, y a la vez aprovechar el bagaje del Consello de Contas y el conocimiento que esta institución tiene de la realidad económica y financiera de Galicia.
El plan de trabajo de la sección contra la corrupción pública exige desde este momento a las Administraciones de Galicia sistemas de prevención propios y las requerirá para que detallen sus planes de prevención de riesgos de corrupción. Asimismo, reclama que se implanten códigos éticos de funcionamiento de las Administraciones en el ámbito de la contratación, de las subvenciones y de las concesiones de los servicios públicos.
Se trata de fiscalizar los sistemas de prevención de la corrupción comprobando las «políticas de integridade» y proponiendo mejoras «que garantan a transparencia e reduzan as oportunidades de fraude». La sección anticorrupción del Consello de Contas tendrá la misión de evaluar de forma sistemática y periódica los planes de control interno de los que dispone cada institución y ente del sector público de Galicia, que tendrán que analizar las actividades propias en las que se constaten mayores incidencias de riesgo de mala actuación. El órgano de prevención de la corrupción colaborará con las Administraciones que están sujetas al ámbito de control del Consello de Contas y les transmitirá propuestas para la elaboración de códigos de conducta que permitan garantizar el comportamiento ético de los gestores públicos y la máxima transparencia en sus procedimientos.
Al fiscal si se detectan delitos
La sección anticorrupción estará presidida por el conselleiro maior, José Antonio Redondo, y estará asistida por el personal del Consello de Contas. Este órgano ejercerá un control interno administrativo, pero si en el ejercicio de sus funciones de vigilancia se observase algún indicio de conductas o hechos que pudieran ser constitutivos de delito, el departamento anticorrupción deberá ponerlos de forma inmediata en conocimiento de la Fiscalía o de las autoridades judiciales.
Dentro de las funciones de esta sección estará también la de crear conciencia en la sociedad e impulsar en el sector privado mecanismos de autorregulación, en especial en empresas licitadoras y adjudicatarias de contratos, de concesiones de servicios públicos y beneficiarias de subvenciones y ayudas.
Vigilancia de los cambios en el patrimonio de los altos cargos
Además del control de la corrupción política, el Consello de Contas tiene a su cargo la vigilancia del patrimonio de las autoridades y altos cargos de la Xunta. En la reforma normativa del 2015 se advierte que cuando desde el Registro de Bienes Patrimoniales de altos cargos de la Xunta se aprecie una evolución inadecuada de la situación patrimonial de una persona con respecto a sus ingresos acreditados, podrá solicitar que el Consello de la Xunta se dirija al Consello de Contas para que fiscalice la evolución de los bienes patrimoniales del alto cargo objeto de sospecha.
La ley otorga al Consello de Contas en esos casos el libre acceso al registro de bienes de altos cargos para investigar las variaciones registradas en el patrimonio del cargo público, que solo podrá ser fiscalizado en la etapa del mandato del investigado de modo que no alcanzará, en ningún caso, períodos anteriores a la toma de posesión del cargo. La fiscalización finalizará cuando se produzca el cese efectivo del alto cargo.
El cargo público que tenga su situación patrimonial bajo sospecha estará obligado a aportar toda la información que le sea requerida y, al mismo tiempo, deberá comunicar cualquier circunstancia que pueda ser relevante para la elaboración del informe de los investigadores.
El Consello de Contas deberá remitir a la persona investigada un borrador de conclusiones para permitirle, dentro de un plazo de quince días, la presentación de las alegaciones que consideres. Después, el Consello de Contas remitirá el resultado de la fiscalización a la Xunta y lo incorporará al informe anual que remite al Parlamento de Galicia.
Responsabilidades
De todas formas, si los investigadores del Consello de Contas detectasen indicios de responsabilidades administrativas o penales en el alto cargo examinado deberán poner los hechos en conocimiento de la autoridad administrativa o jurisdiccional competente para que tome las medidas que correspondan.
La Justicia abre 200 investigaciones por corrupción cada año en Galicia
Cada año se abren en Galicia alrededor de 200 investigaciones relacionadas con la corrupción política y económica. La mayoría de esos casos son por prevaricación administrativa, un delito de corrupción que solo pueden cometer cargos políticos y funcionarios y que no tiene pena de cárcel, ya que dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia está castigado con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de entre 9 y 15 años. La corrupción es, después del paro, la segunda preocupación de los ciudadanos, según la última encuesta del CIS. En Galicia se espera la próxima creación de una fiscalía anticorrupción, tal y como le comunicó hace unos días el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes.