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Inaer e Indra invertirán 75 millones y crearán 600 empleos en el parque de drones de Rozas

Las dos compañías se imponen a otros gigantes del sector en el concurso montado por la Xunta para liderar el futuro polo aeronáutico público-privado de Galicia

Santiago, 26 de febrero de 2016. Actualizado a las 02:01 h. 42

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Una alianza estratégica de las compañías Inaer, una multinacional de matriz británica, e Indra, española, liderará el proyecto público-privado del Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR), en Lugo. En el fututo polo tecnológico e industrial en torno al desarrollo de drones civiles que habrá allí, en Castro de Rei, la Xunta invertirá 40 millones, 15 más que los previstos en inicio, y las citadas empresas privadas, otros 75. La iniciativa, de acuerdo con estas últimas, generará unos 600 empleos, entre directos e indirectos.

Los grandes titulares de la operación los ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el jefe del Ejecutivo autónomo, Alberto Núñez Feijoo, tras un Consello de la Xunta que ha resuelto el concurso de firmas aspirantes a pilotar el CIAR. La ganadora se ha impuesto a ofertas presentadas, entre otros, por Thales Programas, Airbus, Elbit Systems y Boeing. En la resolución de la pugna, de acuerdo con el mandatario popular, han pesado diversos factores, como las ventajas garantizadas para el tejido industrial local y el hecho de que Inaer e Indra comprometiesen mayor desembolso que sus rivales.

«É un proxecto estratéxico; probablemente, o máis importante que se fixo en Lugo nas últimas décadas. Sen dúbida, é o máis importante feito pola Xunta na provincia. [...] Será o polo de avións non tripulados máis importante de España. É unha excelente noticia tamén para as empresas aeronáuticas galegas», ha valorado Feijoo. No en vano, ha avanzado que Indra e Inaer contratarán a su vez a 18 compañías, 3 universidades y 11 centros de conocimiento con domicilio fiscal en la comunidad.

Junto a él a comparecido el conselleiro de Economía, Industria e Traballo, Francisco Conde, el encargado de tutelar el diseño y fallo del concurso entre firmas privadas, cuya tramitación ha durado ocho meses. «Este foi un proceso pioneiro en Europa, transparente, con regras claras», ha sentenciado, para luego destacar la «solvencia» de las empresas escogidas finalmente, así como la «complementariedade» entre ambas. «As dúas -ha añadido- trasladarán aquí a Galicia toda a súa actividade actual e futura no eido dos naves non tripuladas». Cada una, ha asegurado, construirá una fábrica en Rozas: una de helicópteros de 150 kilos y otra de aviones de 1.230.

Ciudad de la Justicia en Vigo

En su intervención, el presidente ha dado cuenta del resto de asuntos tratados esta mañana por su Gabinete, entre los que destaca la reversión parcial de la propiedad, del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la Tesorería General de la Seguridad Social, del antiguo Hospital Xeral de Vigo. Se trata del inicio oficioso de los trámites para que la Consellería de Presidencia, previa cesión posterior del inmueble por parte del Estado, pueda habilitar en ese bloque la Ciudad de la Justicia de la ciudad olívica.

2.644 plazas en la oferta de empleo público

Asimismo, el Consello ha dado luz verde definitiva a los tres decretos de lanzamiento de la oferta pública de empleo para el 2016, la mayor en toda la era Feijoo. Constará de 2.644 plazas: 1.112 en el ámbito de la educación, 818 en el de la sanidad y 714 en el de la Administración general. Producto de posteriores negociaciones con los sindicatos, suman casi 700 puestos de trabajo más que los anunciados en principio. Las primeras convocatorias de oposiciones llegarán a finales de abril, ha adelantado el presidente.

El líder del PPdeG, en paralelo, ha confirmado que el programa de inspección turística para este año, más ambicioso que cualquiera de los precedentes, incluye un mínimo de 11.723 intervenciones contra el fraude y las malas prácticas dentro de un sector que vive instalado en máximos históricos. Las supervisiones afectarán al 100 % de las agencias de viajes y de los albergues; al 70 % de las casas rurales y de los hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas; al 40 % de los cámpings, de los restaurantes, de las pensiones y de los apartamentos; y al 25 % de los bares y de los recintos hoteleros de menor categoría. Habrá también campañas específicas contra el intrusismo en el colectivo de los guías y en el alquiler de apartamentos.

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