A los 245 kilómetros vetados en vías de la comunidad se suman 250 en Castilla
24 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El proyecto del Ministerio de Fomento de retirar tráfico pesado de las carreteras más colapsadas y con mayores índices de siniestralidad convertirá a los transportistas gallegos en los que más trayectos obligatorios de autopista tendrán que afrontar. Los cinco tramos de viales nacionales vetados a su circulación en Galicia tendrán un recorrido equivalente de 244,8 kilómetros obligatorios por la AP-9 y la AP-53. Solo en Castilla y León habrá más recorridos fijados por viales de pago, 249,23 kilómetros en total, pero muchos de ellos son de uso necesario para los transportistas gallegos en sus accesos al centro de la Meseta, Asturias y País Vasco. Dicha circunstancia lleva a los representantes del sector del transporte en Galicia a estimar que serán ellos los más perjudicados de todo el Estado por el plan de Fomento, pese a la bonificación del 50 % que el ministerio plantea para rebajar la carga de los peajes.
La medida solo afectará a diez de las 17 autonomías, pero algunas con tan escasa notoriedad como Asturias, donde apenas 20 kilómetros de autopista serán obligados para los transportes, en Navarra 37, o en Andalucía 65. Las autopistas radiales de Madrid, la costa del Sol, o la unión entre la capital de España con Castilla-La Mancha no recogerán en cambio de manera obligada el tráfico de camiones que circula por las carreteras nacionales de dichas zonas. Junto a Castilla y León y Galicia, son Valencia y Cataluña las otras comunidades más afectadas por el plan que Fomento pretende poner en marcha en abril.
«Nos afecta enormemente la obligatoriedad que tendremos para movernos casi por toda Galicia y también otras rutas como la del túnel de Guadarrama, o León», resalta Alberto Vila, gerente de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia. «En realidad se trata de imponernos la euroviñeta a pecho descubierto», añade para referirse a la tasa aprobada por la UE a los camiones de más de 3,5 toneladas por uso de las carreteras y su contaminación, que España ha eludido implantar hasta ahora.
«No es razonable tratar de corregir el descenso del negocio de las autopistas a nuestra costa», lamenta Julio Villaescusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes por Carretera y del mismo organismo a nivel europeo. «Se crea una corriente de opinión contra nosotros al culparnos de generar inseguridad en la carretera y ni siquiera se nos consulta antes el plan del ministerio», concluye.
«No admitimos esa imposición, no es coherente», se suma Ramón Alonso, presidente de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías, que aboga por descuentos, sí, pero con libertad de movimientos en toda la red viaria.