Montoro amenaza a Rueda con el Constitucional por la prestación de servicios
23 sep 2014 . Actualizado a las 04:00 h.«No voy a negar que hay tiranteces con el Gobierno central. Las hay». Lo confesó el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hace cinco meses. Y el paso del tiempo no ha venido a limar dichas asperezas, si no a constatar su existencia. Los populares de aquí y los de allá discrepan sobre el contenido de la ley de adaptación a Galicia de la reforma local de Rajoy. De hecho, el Ejecutivo español quiere tumbar dos artículos clave de ese texto elaborado por el Gabinete de Feijoo. Por ahora, las partes discutirán el asunto en el marco de una comisión bilateral de cooperación. Pero, si antes de medio año no llegan a un acuerdo, la batalla terminará con el Tribunal Constitucional resolviendo quién la gana y quién la pierde.
A raíz de diversos conflictos competenciales, la Xunta y el Gobierno central mantienen en la actualidad una veintena de pugnas abiertas. A la lista de desacuerdos se sumó ayer formalmente otro crucial: un encontronazo por la reforma local. Esa partida de ajedrez la había iniciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al aprobar a finales del 2013 una normativa cuya aplicación estricta vendría a romper el mapa gallego de los servicios públicos y originaría en las arcas autonómicas un agujero anual de unos 300 millones. El segundo movimiento, ya en el ocaso de mayo del 2014, lo realizó el Ejecutivo autónomo, al sacar adelante una ley de medidas urgentes que, en la práctica, constituyen una contrarreforma de las de Madrid. Y el tercero -un jaque, aunque no mate- lo acaba de emprender Montoro, al forzar a Rueda, bajo la amenaza de acudir al Constitucional, a sentarse para hablar sobre un par de puntos del controvertido documento: la cláusula número tres y la disposición adicional tercera.
Básicamente, las diferencias radican en la fórmula de conversión de los actuales convenios entre la Xunta y los concellos para la prestación de servicios a la ciudadanía, así como en la consideración general de que todas las competencias que ejercen en estos momentos los ayuntamientos les son propias. O sea, chocan en lo básico el Gobierno español y el gallego. Este último, no obstante, acudirá a la ronda de negociaciones «co máximo espírito de diálogo e consenso, como sempre», según fuentes oficiales.