El principal foco de morosidad de los grandes ayuntamientos se localiza en el pago de los tributos, y dentro de estos tiene más peso el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Aunque esta tasa ha permitido equilibrar la fuerte caída de los ingresos municipales provocada por la crisis del ladrillo, con un incremento de la recaudación que superó el 40 % entre el 2006 y el 2011, también crecen los impagos. Por ejemplo, la deuda de los contribuyentes por ese concepto en Vigo representa 9,2 millones de los 27,8 que el Concello tiene pendientes de cobro. En Pontevedra, los impagos del IBI suponen 2,2 millones sobre una morosidad total que asciende a 7,53. Los recibos de ese impuesto que el Concello de Ourense no ha podido cobrar desde el 2008 suman 5 millones.
En el caso de Santiago, la liquidación del año 2012 refleja que de los 14,98 millones de euros en derechos pendientes de cobro, casi 3 corresponden a recibos del IBI, y 401.000 euros son por sanciones de tráfico. Además del impuesto que grava las propiedades inmobiliarias y de las multas de circulación, otros nichos de morosidad están en el que se aplica a los vehículos de tracción mecánica (IVTM), al de actividades económicas (IAE) y a los recibos de agua y recogida de basuras.
Esa mayor morosidad en esos tributos se corresponde con el hecho de que son los que tienen más peso en la recaudación municipal. En los 315 ayuntamientos gallegos entraron 396 millones en el 2011 por el IBI, casi el 18 % de los ingresos totales (2.235 millones).
Repunte de la tasa
En solo cinco años, ese impuesto ha crecido más de un 40 %, lo que ha permitido a los concellos compensar el recorte de 71 millones experimentado en la recaudación del tributo sobre construcciones y obras (Icio). Ese repunte en la recaudación por la tasa del IBI se disparó el año pasado a raíz de la decisión del Gobierno central de incluirlo en el real decreto de medidas urgentes que aprobó en diciembre del año 2011 para corregir el déficit. La Fegamp estimó en unos 50 millones de euros los ingresos adicionales que los municipios gallegos obtuvieron el año pasado con una subida que encareció los recibos entre un 10 y un 50 % en función de la última fecha de aplicación del catastro.