La herencia envenenada que Baltar padre dejó a su hijo

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE / LA VOZ

GALICIA

La investigación de la Unión Europea se refiere a dos proyectos para la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en núcleos rurales

24 abr 2012 . Actualizado a las 17:34 h.

El expediente abierto por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) contra la Diputación de Ourense plantea muchas preguntas, algunas aún por responder. El caso se deriva de la gestión al frente de la institución provincial de José Luis Baltar, que abandonó la presidencia de esta el 27 de enero. Su hijo José Manuel heredó el cargo con todo lo que conlleva, incluida la gestión de esta crisis con la Unión Europea.

¿Qué proyectos están bajo sospecha?

La investigación de la UE se centra en dos proyectos que la Diputación ourensana impulsó para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales en núcleos rurales. El Plan Daredo 2002-2004 facilitó la puesta en marcha de 38 depuradoras para dar servicio a poblaciones no superiores a 500 habitantes y supuso una inversión de 5.320.000 euros. El otro proyecto bajo sospecha, con un presupuesto de 1.403.500 euros, es el Plan Deputrans 2004-2005, gracias al que se instalaron cuatro plantas en pueblos de hasta 500 habitantes y doce en poblaciones de hasta 150 vecinos.

¿Qué irregularidades habría cometido la Diputación?

Cuando estuvieron en Ourense, los técnicos de la Oficina Europea de Lucha Antifraude no quisieron aclarar qué anomalías estaban investigando. Más tarde, Johan Wullt, portavoz de ese organismo, se refirió simplemente a «posibles irregularidades con relación a dos proyectos de plantas de tratamiento de aguas». Diversas fuentes coinciden en que el problema puede estar en la adjudicación de la construcción e instalación de las depuradoras, que recayó en la empresa Soluciones Medioambientales y Aguas, con sede en Vigo. El pliego era tan preciso en las condiciones técnicas que era muy difícil cumplirlas, sobre todo por lo ajustados que eran los plazos. Por ejemplo, la mitad de las depuradoras debían estar fabricadas y preparadas para instalar tan solo un mes después de la publicación del concurso. De ese modo, era prácticamente imposible competir por el contrato a menos que las plantas de tratamiento ya estuvieran hechas.

¿Funcionan las depuradoras?

La Diputación asegura que sí, pero tanto PSOE como BNG, afirman que muchas de las plantas de tratamiento están paradas, o bien porque su funcionamiento es defectuoso o bien porque el coste en la factura de la luz es tan elevado -unos 30.000 euros al año, según diversas fuentes- que los ayuntamientos no pueden soportarlo.

¿Cómo y por qué se inició la investigación?

Dos inspectores de la OLAF se presentaron el pasado día 22 de febrero en la Diputación ourensana. Durante esa jornada y la siguiente estuvieron analizando toda la documentación relacionada con el caso. Los técnicos comunitarios no quisieron aclarar públicamente el motivo de su visita, por lo que todavía no se sabe si la investigación se inició de oficio o tras recibir una denuncia al respecto. Tanto PSOE como BNG han preguntado por ello en la Comisión Europea.

¿Qué consecuencias puede tener la inspección de la UE?

Todo dependerá de las conclusiones que pongan sobre la mesa los técnicos de la OLAF cuando den por cerrada su investigación. Si finalmente se demuestra que hubo fraude en la gestión de los fondos europeos, se iniciaría el proceso para reclamar su devolución a la Diputación. Reembolsar ahora algo más de cuatro millones euros supondría un grave problema económico para la institución, que ha tenido que aprobar un duro plan de ajuste para hacer frente al pago de 3,7 millones que adeuda a sus proveedores. Además, el presidente provincial anunció el pasado día 14 que aplicará nuevos recortes para ahorrar otros 3,2 millones derivados de la asunción de competencias en materia de dependencia en concellos de menos de 20.000 habitantes, así como para compensar la ausencia de fondos estatales para la elaboración de los planes provinciales de obras.