La ley de amnistía perdona todo el «procés» y afecta directamente a Puigdemont, que podría regresar a España

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Carles Puigdemont sería uno de los principales beneficiados por la ley de amnistía.
Carles Puigdemont sería uno de los principales beneficiados por la ley de amnistía. YVES HERMAN | REUTERS

La norma se presenta como un instrumento que «persigue la consecución de un interés general»

13 nov 2023 . Actualizado a las 19:03 h.

La ley de amnistía dedica la exposición de motivos a justificar que la amnistía entra dentro del ordenamiento jurídico español y presenta la norma como un medio «para abordar circunstancias políticas excepcionales que, en el seno de un estado de Derecho, persigue la consecución de un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas».

Afectará a los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre del 2014 y al referendo de 1 de octubre del 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrero, y 114/2017, de 17 de octubre), que se hubiesen realizado entre el 1 de enero del 2012, año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre del 2023.

Los actos que quedarán amnistiados son «todos aquellos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos». Esto incluye: «usurpación de funciones públicas; malversación; convocatoria, promoción o celebración de las consultas declaradas ilegales; desobediencia cualquiera que sea su naturaleza; desórdenes públicos; atentado contra la autoridad; prevaricación así como los actos contra el orden y la paz pública».

La norma establece la eliminación de antecedentes penales para los beneficiados por la amnistía, lo que favorecería a personas como Oriol Junqueras, inhabilitado para ejercer cargo público al haber sido condenado por un delito de malversación agravada.

Se establece también en la ley que se dejarán sin efecto «las ordenes de busca y captura, e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención». Un apartado que afecta directamente al caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y a los que huyeron con él a Bélgica  

La ley establece que la norma «no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares», lo que implicaría que no se devolverían las cantidades aportadas por Artur Mas y otros condenados por los mismos hechos.

La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referendo, sino también a «otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver». Un apartado que beneficiaría a los CDR que participaron en acciones de protesta.

«La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referendo, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social e institucional».

Con esta larga explicación, la ley, que no recoge la expresión lawfare porque no es propia del mundo jurídico, abre la puerta a que se incluyan en la amnistía no solo los protagonistas directos del procés, sin también a personas que han sido encausadas por prestar colaboración a Carles Puigdemont antes y después de su huida a Bélgica, entre ellos su abogado Gonzalo Boye, y también las protestas protagonizadas por los CDR y Tsunami Democràtic.