El nuevo Tribunal de Cuentas pactado por el PSOE y el PP rectifica y acepta que la Generalitat avale a los líderes del «procés»

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras  y Raúl Romeva en un acto del Diplocat en Bélgica
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raúl Romeva en un acto del Diplocat en Bélgica EMMANUEL DUNAND / AFP

La órgano fiscalizador, ahora de mayoría progresista, da por buena la fórmula que había rechazado en octubre con una mayoría conservadora

01 mar 2022 . Actualizado a las 09:40 h.

En su primera resolución de calado tras la renovación de su composición, pactada entre el PSOE y el PP, el Tribunal de Cuentas ha dado un giro de 180 grados a sus planteamientos aceptando los recursos presentados por Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y varios líderes y ex cargos públicos independentistas, y dando por bueno que la Generalitat pueda avalarles para evitar que les sean embargados sus bienes. Los 28 de los 34 implicados que habían recurrido a esos avales ven cubierta así su posible responsabilidad por pagar con dinero público gastos del procés, de las conocidas como embajadas catalanas en el extranjero y del Diplocat. Esos gastos se cifraron provisionalmente en 5,42 millones de euros.

La Generalitat había presentado sus avales a través del Instituto Catalán de Finanzas. Aprobó para ello en junio del 2021 un decreto que creaba un fondo complementario de riesgos destinado a cubrir las fianzas de los acusados en el procedimiento que sigue el Tribunal de Cuentas por posible responsabilidad contable por alcance. Ello permitía a Mas, Puigdemont, Junqueras y el resto de acusados no tener que hacer frente con sus bienes a la caución.

El pasado octubre, el tribunal rechazó de plano esa fórmula, al estimar que la ley no permite avalar con fondos públicos «las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, requisitos que necesariamente deben concurrir para declarar la responsabilidad contable».

En el momento de la primera decisión, el Tribunal de Cuentas contaba con una mayoría de consejeros conservadores designados a propuesta del PP. Pero, tras el acuerdo entre socialistas y populares para poner fin a la situación de bloqueo en la renovación de un órgano con el mandato caducado, pasó a tener una mayoría progresista.

La decisión de rectificar el criterio inicial del tribunal se ha tomado por dos votos a uno. Y es la propia presidenta de la sala de rnjuiciamiento del organismo fiscalizador que ha admitido el recurso, Rebeca Laliga, propuesta por el PP, la que ha emitido un voto particular discrepando de la nueva posición adoptada por el criterio de sus compañeros, Rosario García y Diego Íñiguez, promovidos por el PSOE. Los tres nombramientos fueron aprobados por los tres quintos de las Cortes exigidos.

Laliga había presentado una propuesta inicial en la que se rechazaban de nuevo los avales de la Generalitat. Pero, en el debate, su posición quedó en minoría al votar en contra los otros dos consejeros. Rosario García será ahora la encargada de redactar la resolución aceptando la fórmula propuesta por la Generalitat.

Al margen de la cantidad que corresponde a los gastos del procés y a las embajadas en el extranjero, el Tribunal de Cuentas reclama a los líderes independentistas otros 4,1 millones de euros, sobre los que ya se ha depositado fianza, por el dinero público destinado al referendo ilegal del 1-0. Entre ambos casos, se exigió una fianza de 2,8 millones de euros para Mas; de 2,1 millones para el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, de 1,9 millones para Puigdemont y Junqueras. En total, la cifra para todos los encausados es de 9,5 millones.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este lunes la actuación «absolutamente ajustada a derecho» de la sección de enjuiciamiento de este órgano. Lo ha hecho ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, reunida en el Congreso, donde ha presentado varios informes de fiscalización, entre ellos el referido a la contabilidad de los partidos políticos y sus fundaciones del ejercicio de 2016.

Según informa Efe, Chicano ha asegurado, ante las reservas que el diputado de Vox Juan José Azcorbe ha manifestado sobre el cambio de criterio del tribunal respecto a la finanza ahora admitida para los que promovieron el «procés» en el exterior, que la «independencia» es una vocación que «en el tribunal se da».

«El tribunal está trabajando, como siempre lo ha hecho, con arreglo a derecho», ha aseverado, y ha anticipado que lo seguirá haciendo en el futuro. Es más, ha dicho a los diputados y senadores que «la prueba de que no hay una unidad de criterio es que lo que a unos les parece bien a otros les parece mal y al contrario».