ERC y la CUP presionan para precipitar la legislatura por sus intereses electorales
31 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El voto afirmativo de la CUP a los presupuestos de la Generalitat, anunciado el sábado pasado en el consejo político de los anticapitalistas, ha insuflado moral al independentismo, que considera que el proceso soberanista ha salido reforzado con el cierre de filas de los antisistema, hasta el punto de que amenazan con convocar el referendo para junio, antes de la fecha prevista, el mes de septiembre.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que es responsable del área económica del Gobierno catalán, pero que desde el pasado mes de septiembre tiene encomendada la responsabilidad de organizar la consulta secesionista, aseguró ayer que la Administración catalana estará lista para celebrar la votación antes del verano. La CUP exige al Gobierno catalán que lo tenga todo preparado, pero ya hay voces que apuntan a que el referendo podría convocarse para el mes de junio, siempre y cuando el calendario judicial que afecta a los principales actores del proceso se acelere.
Los dirigentes secesionistas llevan meses advirtiendo de que si Artur Mas, cuyo juicio empieza el próximo día 6, y Carme Forcadell, imputada por desobediencia, son condenados a una pena de inhabilitación en los próximos meses, la legislatura catalana se acelerará y todo se precipitará. «Algún tipo de respuesta tenemos que ser capaces de dar», avisó Junqueras. «Tenemos claro que no podemos dejar que el Estado pudra la situación por dentro, que interfiera; como pueblo no podemos permitir que juzguen instituciones, cargos y personas que han dado la cara», apuntó Quim Arrufat, de la CUP. «Se pueden dar circunstancias que hagan inviable mantener la fecha prevista de septiembre; la mejor opción es hacerlo en septiembre, pero hay que tenerlo a punto cuanto antes mejor», expresaron fuentes de Esquerra.
Interés común
Esquerra y la CUP tienen claro que quieren precipitar la legislatura. Los primeros, porque ven cerca la posibilidad de alcanzar la presidencia de la Generalitat, mientras que los anticapitalistas porque no quieren que el proceso se dilate, pues existe riesgo de desmovilización. La formación que es menos favorable al adelanto del referendo, aunque no lo rechaza, al menos públicamente, es el PDECat. «El presidente Carles Puigdemont dijo que lo convocará como máximo en septiembre del 2017; no entraremos en aspectos sobre el calendario, hay que ganarlo sí o sí en cualquier momento», afirmó la número tres del partido, Marta Pascal.
Una vez que la CUP ha comprometido su apoyo a los presupuestos, ya nadie en el independentismo puede acusarle de estar continuamente poniendo palos en las ruedas del proceso soberanista, y ahora ha trasladado toda la presión a Puigdemont y Junqueras. Sobre todo al líder de Esquerra, que es quien más puede perder en la partida, ya que en caso de inhabilitación, se quedaría fuera de la carrera hacia la Generalitat. Puigdemont, en cambio, ya ha confirmado que no tiene intención de ser el candidato.
Voluntad política de llegar hasta el final en el desafío al Estado existe, en cualquier caso, desde el PDeCAT y Esquerra, que lo que tienen que aclarar aún es cómo piensan organizar un referendo vinculante, sin el visto bueno de Madrid y con todas las garantías democráticas. Junqueras avisó que la Generalitat dispone ya de «suficientes datos como para hacer el censo», un extremo que para el 9N no fueron capaces de resolver, ya que el censo oficial es propiedad de la Administración central. Según el vicepresidente de la Generalitat, la consulta será lo «más parecida posible al resto de elecciones que se celebran habitualmente». Es decir, será en domingo y votarán los mayores de 18 años, aclararon desde la CUP. Otra de las grandes dificultades es la de los funcionarios que tendrán que participar en el desarrollo de la votación, tanto en la seguridad como en los colegios y en las urnas y en el recuento de datos. Se descarta la opción de los voluntarios, como en el 9N, porque resta neutralidad, por lo que se sopesa la fórmula del «personal acreditado por la Generalitat», que se escoja para la ocasión, pero no por motivos ideológicos, sino de operatividad.
Junqueras niega las ilegalidades que reveló Vidal y dice que solo pretendía «animar a la gente»
Cuatro días después de que estallara la polémica en torno a Santi Vidal, Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y máximo responsable de Esquerra, rompió su silencio para asegurar que todo lo que dijo el exsenador republicano no es cierto y para negar que el Gobierno catalán esté cometiendo ilegalidades. «Se explicó muy mal», afirmó el líder secesionista sobre Vidal, autor de unas declaraciones en una serie de conferencias organizadas por Esquerra y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en las que mantuvo que el Ejecutivo catalán había obtenido de manera ilegal los datos fiscales de los contribuyentes catalanes o que estaba haciendo listas negras de jueces de cara a la independencia. Junqueras admitió que la Generalitat tiene datos fiscales de los ciudadanos, pero solo los que le permite la ley, en función de los impuestos que tiene transferidos, como cualquier otra autonomía. Eso sí, dijo que prepara sus propias bases de datos fiscales a partir de la información de la que dispone con el objetivo de «asumir la gestión de los impuestos masivos», pero que no está cometiendo ninguna ilegalidad, como sostuvo el exsenador.
«Sus declaraciones no se ajustan a la realidad, lo hizo para animar a la gente, no hubo mala fe», señalaron ayer desde Esquerra. Por tanto, según Junqueras, no es necesario «desmentir punto por punto» cada una de las afirmaciones del juez inhabilitado. El presidente de Esquerra retó a la Fiscalía a que «investigue lo que quiera».
Las explicaciones no fueron suficientes para otras fuerzas políticas. Una de ellas es el PP, cuyo vicesecretario de comunicación, Pablo Casado, acusó a la Generalitat de atentar contra los derechos de los catalanes y tomar una deriva «totalitaria» y «xenófoba».