Ve en la operación policial una persecución al secesionismo y amenaza a la CUP con nuevas elecciones si no le presta su apoyo
22 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno catalán y Convergència cerraron ayer filas ante la operación policial y se presentaron como víctimas de una persecución por parte del Estado, cuyo único objetivo, a su juicio, es descarrilar el proceso soberanista catalán. Artur Mas negó irregularidades, tanto en el partido como en la empresa pública Infraestructuras de Cataluña, y calificó la operación policial de «sobreactuación» de la Guardia Civil el mismo día que había anunciado que firmaría el decreto de constitución de la nueva cámara catalana. «CDC y yo somos objeto de caza mayor» por parte del Estado, afirmó Mas.
La operación policial acabó de embarrar el escenario político catalán más aún si cabe. Sobre todo en lo que tiene que ver con la investidura de Artur Mas y lo que su figura y su partido representan para la CUP, el punto más espinoso de las conversaciones, ya que la izquierda radical lleva meses diciendo que no hará presidente al autor de los mayores recortes de la historia en Cataluña y al presidente de un partido agujereado por la corrupción.
El golpe policial contra la trama del 3 % carga de argumentos a la formación asamblearia, que no dará su brazo a torcer mientras no obtenga al menos el compromiso del futuro gobierno de impulsar actos inequívocos de ruptura con el Estado antes de las elecciones generales o poner en marcha medidas de choque social. La CUP presentó ayer en sociedad a su grupo parlamentario, que reiteró su intención de apoyar a Junts pel Sí para que el proyecto independentista avance hasta la secesión, pero no a cualquier precio y siempre que Mas no sea quien lidere la nave. Pues, a su juicio, «ser presidente de un partido con esta mochila de corrupción perjudica el proceso». Junts pel Sí ya conoce los planteamientos de la CUP.
Artur Mas trató de poner al mal tiempo buena cara y se esforzó en enviar un mensaje tranquilizador: «La operación policial no afectará a las negociaciones», porque el soberanismo ya intuye que todo esto se hace para intentar hacer encallar el proceso independentista, afirmó el presidente de la Generalitat en funciones. «Cuando la confesión de Jordi Pujol (en julio del 2014), alguno ya dijo que esto se había acabado, y se equivocó», añadió. A su entender, las detenciones no deben producir grietas en el secesionismo, se mostró «optimista por naturaleza» ante un eventual acuerdo, aunque al mismo tiempo reconoció que será «complicado», debido a la «complejidad» de lo que se está negociando y a que las posiciones de unos y otros son «muy diferentes». En una conferencia política celebrada hace quince días, la CUP fijó como condición para pactar que la Generalitat desobedezca cualquier decisión del Tribunal Constitucional y dé marcha atrás en diez procesos privatizadores. Mas dejó entrever que las conversaciones están muy verdes en estos puntos.
Constitución de la Cámara
El presidente de la Generalitat firmó ayer el decreto que fija la constitución del nuevo Parlamento autonómico surgido del 27S. La operación policial alteró los planes del Ejecutivo catalán, que había organizado una puesta en escena solemne en la galería gótica del palacio de la Generalitat, la sala donde hace sus anuncios más trascendentes, y la comparecencia del presidente catalán tuvo que trasladarse a la sala de prensa, para rebajar la pomposidad.
La undécima legislatura catalana arrancará el lunes que viene llena de incertidumbres y con una evidencia: será el mandato más corto de la democracia, ya que los partidos independentistas quieren proclamar la secesión en 18 meses y luego disolver la cámara. La legislatura podría ser aún más breve si Junts pel Sí y la CUP no logran desencallar sus contactos. El fantasma de la repetición de los comicios sobrevuela la mesa de negociaciones y, por primera vez, Mas no descartó ayer nuevas elecciones, que, de celebrarse, se fijarían para primeros de marzo. Ante las dificultades, el líder nacionalista estira el calendario todo lo que puede. Una vez se constituya la cámara, que estará presidida por Carme Forcadell, el primer pleno de investidura será el 9 de noviembre y la fecha límite para que Junts pel Sí y la CUP se pongan de acuerdo sobre el futuro presidente o se repitan elecciones es el 9 de enero.
Los jueces exigen que se les respete
Tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como los presidentes de los 17 tribunales superiores de Justicia salieron al paso ayer de las últimas acciones del presidente catalán. El ministro respondió a Mas que las acciones policiales se hacen bajo mandato del juez y, por ello, hizo «un llamamiento al respeto a la independencia judicial dentro de las instituciones». Por su parte, los presidentes de los tribunales superiores, reunidos en Bilbao, hicieron público un comunicado en el que destacan que cualquier acto que vaya en detrimento de la independencia judicial «supone un ataque al Estado de derecho» y recuerdan que respetarla en una obligación de todos, «muy especialmente de los poderes públicos».