Mas podría convocarlo de inmediato tras la aprobación de la ley de consultas
19 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Después de más de un año y medio de batalla estratégica y de discursos políticos, el Gobierno y la Generalitat empiezan a mover hoy las piezas en el tablero del referendo por la independencia. Pero, antes incluso de que ese juego se inicie con la aprobación en el Parlamento catalán de la ley de consultas, paraguas bajo el que el presidente Artur Mas pretende convocar el referendo, el Gobierno tiene ya diseñados todos los pasos a dar como respuesta.
Según los cálculos de Moncloa, esa partida jurídica con el Ejecutivo catalán concluiría el próximo martes con la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, después de la presentación de dos recursos por parte del Gobierno, de la ley de consultas y la convocatoria del referendo.
Todos los miembros del Gobierno, así como la cúpula de la Fiscalía y la Abogacía del Estado están avisados, porque la rapidez de movimientos es crucial. La intención de Artur Mas es que transcurra el menor tiempo posible entre la aprobación de la ley de consultas y la convocatoria del referendo, para impedir que el Gobierno tenga margen de recurrir la primera, dejando así formalmente a la Generalitat sin amparo legal para llamar a las urnas. Moncloa prevé por tanto que el presidente de la Generalitat firme hoy mismo el decreto de convocatoria de la consulta.
La respuesta del Gobierno será la inmediata celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario, con el único objetivo de autorizar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra ambos textos legales. Esos recursos están ya preparados y el Gobierno solo añadirá retoques en función de la fórmula que emplee Artur Mas para convocar la consulta por la independencia.
Ante la necesidad de que el Consejo de Estado emita un informe preceptivo antes de que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad, Moncloa remitirá el texto de los recursos con la máxima urgencia al órgano consultivo presidido por el gallego José Manuel Romay Beccaría. Los miembros del consejo están avisados desde hace tiempo y el informe prácticamente redactado, a la espera también de conocer los textos finales aprobados por el Parlamento catalán y la Generalitat.
La Fiscalía, preparada
El Gobierno espera recibir ese informe con una antelación que le permita presentar sus recursos ante el Tribunal Constitucional con margen suficiente como para que sean incluidos en el orden del día del pleno que celebra el martes 23. De ser así, el Constitucional podría admitirlos a trámite de manera inmediata, lo que acarrearía la suspensión cautelar de la ley de consultas y también de la convocatoria del referendo.
A partir de ahí, el panorama es incierto. Cualquier paso que diera la Generalitat para llevar adelante la consulta estaría vulnerando la decisión del Constitucional. Y ahí entraría en juego la Fiscalía General del Estado, cuyo máximo responsable, Eduardo Torres-Dulce, se reunió ayer con los fiscales jefes de Cataluña para coordinar las posibles acciones, que pasarían por aplicar el Código Penal por un posible delito de desobediencia.
No obstante, la Fiscalía emitió un comunicado en el que se muestra segura de que el ordenamiento legal «será respetado por todas las instancias, tanto en los preceptos emanados de la Constitución como de los eventuales pronunciamientos de los tribunales».