El PSOE y sus socios de Gobierno llegaron a un acuerdo esta madrugada
12 abr 2014 . Actualizado a las 11:49 h.La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, firmó esta madrugada un decreto de devolución de competencias sobre adjudicación de viviendas del parque público andaluz a la Consejería de Fomento y Vivienda, dependiente de IULV-CA, una vez «restablecida la normalidad» tras un reajuste sobre el realojo de familias procedentes de la Corrala Utopía, en Sevilla, según informa Europa Press.
Pasada la una de la madrugada, el Gobierno andaluz hizo este anuncio, que se produce después de que el PSOE de Andalucía mantuviera una reunión con IULV-CA -cuya dirección colegiada decidió ayer viernes la suspensión «momentánea» del pacto de gobierno-, de la que salió satisfecho por los «avances» que se habían producido.
Unas dos horas después de concluir ese encuentro, el Ejecutivo andaluz informó sobre la devolución de las competencias a Fomento y Vivienda, al tiempo que emitió un comunicado con los detalles sobre el asunto de los realojos.
Los socios del Gobierno habían roto las negociaciones pasadas las once de la noche de ayer. Con ellas intentaban reconducir la crisis sufrida en los últimos días a cuenta del polémico realojo de las familias okupas. Aunque desde IU llegaron a anunciar una suspensión temporal del acuerdo de Gobierno, que no del pacto, durante toda la tarde las conversaciones se centraron en acreditar la legalidad de la actuación en el realojo, como reclamaba el PSOE, amparándose en los informes jurídicos de la Junta.
Las aguas empezaron a volver a su cauce cuando la Consejería de Fomento confirmaba con informes de los servicios sociales que las ocho familias realojadas, algunas de ellas con menores, se encontraban en riesgo de exclusión social, una situación no modificada desde que llegaron al bloque de viviendas bautizado como Utopía, y que por tanto necesitaban una solución urgente, como ordenaba el juez que dictó la orden de desalojo de la corrala, según Colpisa.
Medida temporal
Sin embargo, según fuentes socialistas, estos datos variaron a lo largo de la negociación, impidiendo saber con certeza quiénes habían sido los beneficiarios reales del realojo, una medida «temporal» y «excepcional» que no suponía una adjudicación, como repitieron ayer en numerosas ocasiones los responsables de IU con su coordinador regional Antonio Maíllo, a la cabeza.
La formación había convocado de urgencia a primera hora de la mañana a su dirección colegiada, presidida por el coordinador federal, Cayo Lara, tras hacerse oficial en el Boletín Oficial de Andalucía el decreto de retirada parcial de competencias a la Consejería de Vivienda. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, amagó el jueves con publicarlo como medida de presión para que se certificase la legalidad de los realojos y que no se había producido ninguna alteración de las listas de espera de una vivienda pública.
Se trataba de un golpe de autoridad después de que los socios de Gobierno no hubiesen tenido en cuenta su rechazo a las condiciones en que se formuló el realojo. Y tras fracasar las largas negociaciones sin conseguir aclarar este punto, según fuentes socialistas, el decreto que traspasaba las políticas de adjudicación de viviendas públicas a la Consejería de Hacienda se hizo público.
Finalmente, esta madrugada todo cambió. El comunicado emitido por el Gobierno andaluz afirma que las ocho familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas públicas de la Junta «pueden permanecer provisionalmente» en esos inmuebles hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social en el que supuestamente se encuentran.