El Gobierno no puede cobrar aún las tasas judiciales por falta de impresos
ESPAÑA
Aunque entran hoy en vigor, Hacienda no ha regulado cómo deben abonarse. Consulte algunas de las nuevas tasas
17 dic 2012 . Actualizado a las 09:26 h.El Ministerio de Justicia añadió ayer más gasolina a la polémica ley de tasas que ha incendiado los juzgados de toda España. El BOE publicó ayer por la mañana la norma previendo la entrada en vigor de los nuevos gravámenes hoy mismo, pero a última hora del día el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón reconoció que no podrá cobrarlos hasta dentro de unas semanas. La razón es que el Ministerio de Hacienda aún no ha elaborado la orden que regula su pago ni el modelo de impreso oficial de autoliquidación.
El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, aseguró que enviará una circular a los secretarios judiciales para advertirles de que no practiquen liquidaciones, pero no dejó claro si se realizarán con posterioridad. Es decir, si se les reclamarán las tasas a quienes interpongan demandas entre hoy y la fecha en la que esté disponible el impreso.
Las nuevas tasas gravan con entre 100 y 350 euros el inicio de procedimientos civiles y contencioso-administrativos, además de un 0,5 % por las cantidades reclamadas, y con entre 500 y 1.200 los recursos a instancias superiores en esas jurisdicciones y en la social. Según el Consello da Avogacía Galega, impedirán el acceso a la justicia de al menos el 40 % de los ciudadanos que hasta ahora acudían a los tribunales para defender sus derechos.
«Acabo de tramitar una reclamación por 60.000 euros por mala praxis médica que serían casi 750 euros en tasas. Una cantidad que una persona que ha sufrido daños de ese calibre quizá no pueda pagar», afirma Ramón Jáudenes, decano del Colegio de Abogados de Pontevedra.
Los detractores de la ley, como la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Facua), han elaborado un decálogo de ejemplos «escandalosos»: 200 euros para reclamar una multa injusta de 150 euros o para pedir la devolución de una factura de 80 euros; 312,50 euros para reclamar 2.500 por la cancelación de un vuelo; 715 para exigir 3.000 de intereses abusivos de un crédito... «El ministro dice que con lo que se recaude se pagará la justicia, pero no es verdad», afirma Antonio Platas, decano de los abogados de A Coruña. «Se recaudará menos porque habrá menos litigios, y los abogados pagaremos mucho menos al Estado por el IVA de las minutas y de IRPF».
El decano de los procuradores de Ourense, Ricardo Garrido, suscribe esa tesis, informa Maite Rodríguez: «El volumen de demandas bajará muchísimo y habrá gente que se quede sin reclamar sus derechos». Para Xermán Varela, juez de instrucción en Pontevedra y portavoz en Galicia de Jueces para la Democracia, el problema es la desigualdad que provocan las tasas: «Farán que uns cidadáns o teñan máis difícil que outros só por non ter recursos económicos».