Dice que las reacciones al fallo del Supremo cuestionan la democracia
11 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno dio un puñetazo en la mesa ante la avalancha de críticas al Tribunal Supremo por la condena a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció que aquellas fuerzas políticas que atacan al alto tribunal «cuestionan» la democracia, porque el sistema es un todo. El Consejo General del Poder Judicial también levantó la voz para responder a las «intolerables e inadmisibles» reacciones contra los magistrados del tribunal juzgador.
El fin de la carrera profesional en España de Garzón dividió como pocas veces a las fuerzas políticas y al mundo judicial. Para el Gobierno, el tenor de las críticas sobrepasó los límites exigibles en democracia, por lo que hizo un llamamiento a «la responsabilidad» y reclamó respeto a la sentencia.
Soraya Sáenz de Santamaría sostuvo que cuando «se cuestionan las instituciones democráticas», y el Supremo es una de ellas, «se cuestiona la democracia misma». España, apuntó, es un país democrático con separación de poderes y no se puede censurar a uno de ellos sin que se tambalee todo el entramado democrático.
La número dos del Ejecutivo se mostró «preocupada, y mucho», por una segunda vertiente de la virulenta respuesta a la decisión del Supremo, «la imagen» de España en el mundo. Señaló que con las críticas desaforadas se traslada «fuera de nuestras fronteras» la fotografía de un país que no respeta los principios democráticos que «no es real, no es España».
Exigió, por tanto, respeto a la sentencia porque «respetar a los tribunales es respetar la democracia». Las sentencias, agregó, pueden gustar «más o menos», pero un responsable político no puede ni debe descalificarlas ni arremeter contra la institución juzgadora.
También el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se quejó de las críticas y del tono «inapropiado» de ellas por el hecho de que hayan condenado a un juez. «Aquí todos somos iguales ante la ley, aunque uno se llame Baltasar Garzón», sentenció. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, cerró asimismo filas en defensa del Supremo porque lo que se ha juzgado es un hecho concreto, las escuchas a los abogados de los acusados de la trama Gürtel, y no una carrera profesional. Aceptó, no obstante, que la combinación de una condena «contundente y dura» y el hecho de que Garzón sea un juez «mediático» han dado lugar a una reacción desmesurada desde algunos sectores.
El Consejo del Poder Judicial también se hizo escuchar. Su portavoz, Gabriela Bravo, protestó por los ataques «personales» a los miembros del tribunal, que, dijo, «ha dado muestras evidentes de ser imparcial e independiente». Denunció que algunas críticas que hablan de venganza han sido «intolerantes e inadmisibles», porque Garzón fue juzgado con «todas las garantías». Se da la circunstancia de que las palabras de Bravo chocaron con la opinión de la Unión Progresista de Fiscales, organización de la que ella fue portavoz antes de entrar en el Consejo, y que tachó de «desproporcionada» la condena porque tendrá «nefastas consecuencias» para la lucha contra la corrupción.
Los llamamientos a la mesura no surtieron efectos entre los críticos con la condena, que prosiguieron con los ataques al Supremo. Pero tampoco en el propio PP, donde el presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, señaló que Garzón «confundió su trabajo como juez con el recuerdo de su etapa como diputado socialista».