Manuel Fernández elude la prisión sin medidas cautelares tras recurrir el fallo
08 nov 2022 . Actualizado a las 20:31 h.Se cumplen ocho años desde que la quiebra de Pescanova entró en los juzgados, en donde amenaza con perpetuarse. El caso, abierto en el 2013, fue a juicio en el 2019 y está sentenciado desde hace seis meses. Pero la batería de recursos presentada por los 12 condenados y, en especial, por Manuel Fernández de Sousa, expresidente del grupo pesquero y declarado principal responsable de la quiebra, prolongará la resolución entre uno y dos años más, según estimaciones de los abogados consultados.
«De momento, Manuel Fernández de Sousa es un ciudadano libre. Está condenado, pero la sentencia no será firme hasta que se resuelva sobre el recurso que presentó, y las impugnaciones presentadas a este recurso, y eso es algo que lleva tiempo», explican estas fuentes.
Libre absolución
El 6 de octubre del 2020, la Audiencia Nacional condenó al expresidente del grupo pesquero a 8 años de prisión por los delitos de falsedad documental, estafa y alzamiento de bienes. Pero en febrero de este año, el que fue el máximo accionista y responsable de la compañía durante 37 años (hasta el 2013, cuando afloró la insolvencia del grupo) elevó un recurso de casación ante la Audiencia Nacional solicitando la anulación de dicha sentencia por vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los delitos por los que fue condenado.
La admisión del recurso ha supuesto el freno a la entrada en prisión del Fernández de Sousa. «No está sujeto a medidas cautelares, por lo que puede viajar o salir del país. Tampoco está inhabilitado profesionalmente», aseguran los abogados. Añaden que si esta vía no prospera, el condenado todavía tiene opción de presentar un recurso de casación e incluso de recurrir la sentencia ante instancias europeas. «Lo que tenemos claro es que va a agotar todos los medios legales a su alcance», aseguran.
En el recurso presentado por sus abogados, ahora en fase de impugnación, el expresidente de la pesquera considera que ha sido condenado «sin que se hayan practicado pruebas bastantes para enervar su derecho a la presunción de inocencia». El documento se ampara en la supervivencia de la compañía durante ocho años después de las acciones juzgadas. «Se han enjuiciado unas conductas realizadas para salvar decenas de miles de puestos de trabajo, su producción, su futuro, su marca y un tejido industrial insustituible, objetivo que se ha conseguido con creces», sostiene el texto.
El juez dio de plazo hasta el 5 de abril para que las partes personadas se pronunciaran al respecto y, lo que consta hasta el momento es que el recurso de Fernández de Sousa ha recibido numerosas impugnaciones, comenzando por la del Ministerio Fiscal que, según fuentes del proceso, rechaza de manera rotunda la petición de retirada de la condena planteada por los abogados de Fernández de Sousa, y argumenta en abundancia sobre los delitos por los que fue condenado.
Batería de impugnaciones
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pedía para Fernández de Sousa una pena de hasta 28 años de cárcel por la comisión de ocho delitos, entre ellos el de estafa y los de falseamiento continuado de cuentas anuales y de información económica y financiera, además de insolvencia punible y alzamiento de bienes.
En la misma línea se encaminan los escritos de impugnación presentados o en camino, por parte de los afectados, la mayoría accionistas del grupo, que perdieron todo su dinero tras la entrada en concurso de la firma. Son muchos, porque en aquel momento, los 9.000 propietarios de la compañía perdieron toda su inversión, ya que muchos de ellos entraron en las ampliaciones de capital lanzadas por el grupo pesquero cuando este ya se encontraba en situación crítica, aunque su elevada deuda financiera no afloraba por ningún lado en las cuentas auditadas por BDO (también condenada en el proceso).