Los viejos socios de la pesquera tendrán liquidez gracias a un dictamen de la Audiencia Provincial de Pontevedra que rechaza el último recurso de apelación presentado por Pescanova
24 may 2017 . Actualizado a las 09:15 h.El viejo accionariado de Pescanova, todavía presente en el capital del grupo, aunque diluido a un 1,7 % de participación, está dispuesto a seguir dando guerra al grupo que preside Jacobo González Robatto, y la Justicia le ha facilitado el camino para hacerlo.
El pasado 22 de marzo, los antiguos socios aglutinados en la sociedad de cartera Pescanova S.A. aprobaron en junta de accionistas acudir a los tribunales para denunciar la ampliación de capital de 340 millones de euros que redujo a la mínima expresión su 20 % en la empresa. Pero, en ese mismo acto, reconocieron que no tenían dinero para afrontar los gastos judiciales.
Desde entonces, la sociedad, que carece de actividad que le pueda reportar ingresos, no había vuelto a pronunciarse sobre el mandato de la junta. Hasta ayer, en que anunció que no serán una, sino dos las demandas que presentará contra el grupo pesquero y que, además, lo hará con el dinero del grupo Pescanova.
Los viejos socios de la pesquera tendrán liquidez gracias a un dictamen de la Audiencia Provincial de Pontevedra que rechaza el último recurso de apelación presentado por Pescanova y obliga a la compañía de González Robatto a hacer un pago anual de 255.000 euros a Pescanova S.A., según estaba estipulado en el acuerdo de refundación del grupo, que convirtió a los bancos acreedores en los dueños de la multinacional.
Contra la dilución
El compromiso -que Pescanova consideró abusivo, y por eso lo denunció- era que esa suma daría apoyo administrativo, fiscal y legal durante cuatro años al viejo accionariado, al que el grupo tiene obligación de mantener informado del estado de sus cuentas anuales, así como de permitirle que mantenga su domicilio social y nombre, Pescanova S.A.
Desde la sociedad de cartera aseguraron ayer que el fallo de la Audiencia «contribuirá a reforzar las posibilidades de éxito» de las dos demandas que ultiman los abogados.
Según explicaron fuentes autorizadas, la primera de las acciones legales tiene como objetivo intentar impugnar la reciente ampliación de capital de Pescanova, operación que ha situado al grupo bancario denominado G7 (Caixabank, Sabadell, Popular, Abanca, BBVA, Bankia y UBI) con el 65 % del capital de la nueva Pescanova.
En segundo lugar, la vieja Pescanova también pretende conseguir por vía judicial la anulación del contrato de crédito supersénior firmado por la nueva compañía en diciembre del 2015, valorado en 125 millones de euros, y la comisión asociada a esta cancelación, que ascendería, según sus cálculos, a 300 millones de euros.