Casetas de perros, piscinas de plástico... las reclamaciones en Galicia por errores en la inspección han subido un 35 %
19 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Guerra sin cuartel contra el fraude, sí. Nada de ampliar la casa, hacerse una piscina en el jardín o adosar el garaje sin dar de alta las modificaciones o los nuevos inmuebles resultantes en el catastro. Precisamente para eso, para aflorar las construcciones que quedaron en el limbo y, en consecuencia, sin tributar el correspondiente impuesto de bienes inmuebles, el Ministerio de Hacienda puso en marcha a finales del 2013 un programa de regularización que, según los últimos datos oficiales, hasta julio del 2016 (última referencia) logró aflorar casi 220.000 construcciones ocultas en Galicia.
Hasta el momento se han peinado 169 concellos de la comunidad y este año, ya en la recta final del programa, se desarrollarán los trabajos en otros 80 municipios con el objetivo de que ninguna construcción escape al Catastro. Pero ¿qué ocurre cuando la Administración se equivoca y en su escrutinio considera irregular una construcción que no lo es?
Pérgolas o la caseta del perro
Aunque obviamente las casi 6.000 piscinas localizadas en Galicia en los últimos tres años sin alta catastral sí han tenido que regularizarse, pagando la correspondiente tasa de 60 euros, hay otras construcciones que, sin embargo, pueden inducir a error vistas desde el aire. Y es que la Dirección General del Catastro emplea, además de las inspecciones sobre el terreno, también imágenes de satélite y drones para obtener información, por lo que pérgolas, la caseta del perro con su tejado, barbacoas, tendederos o las piscinas hinchables pueden ser consideradas irregulares, a efectos fiscales, a vista de pájaro... sin serlo en absoluto.
Alegaciones y recurrir al TEAR
¿Qué puede hacer entonces el contribuyente al que le llega la notificación del Catastro para regularizar y abonar la tasa preceptiva si no está de acuerdo? En este supuesto el ciudadano dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones (a través de la web, un poco farragoso, o en las oficinas de Galicia) y justificar su disconformidad. Los asesores recomiendan adjuntar fotografías que demuestren el error ante Hacienda. «Si hay alegaciones se inicia el proceso convencional de recurrir ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional correspondiente en caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con la resolución», señalan fuentes oficiales, que recuerdan también que, en caso de no presentar alegaciones, la notificación recibida -con la tasa de 60 euros- se convierte en definitiva, por lo que el contribuyente debe pagar.
Desde Hacienda también indican que, al margen del proceso de alegaciones, la regularización del inmueble en cuestión se incorpora al catastro y se comunica al ayuntamiento -o a la diputación-, «que podrá liquidar además los años no prescritos del tributo más los correspondientes intereses de demora». En el caso de las construcciones agrarias no hay liquidaciones con atrasos.
«Hay pocas reclamaciones»
Aunque el departamento de Cristóbal Montoro ha declinado cuantificar el número de alegaciones recibidas hasta el momento por el plan de regularización catastral, fuentes del ministerio subrayaban ayer que había habido «pocas reclamaciones». «El contribuyente puede estar más o menos molesto, pero lo asume, abona la tasa y regulariza sin presentar alegaciones», sostiene Hacienda.
Sin embargo, la memoria anual del Consejo para la Defensa del Contribuyente -órgano asesor de la Secretaría de Estado de Hacienda- sí sirve como termómetro para medir el descontento de los ciudadanos con el Catastro. De hecho, es el organismo que más quejas y sugerencias recibe de los contribuyentes, solo por detrás de la Agencia Tributaria.
Así, según los datos de la última memoria anual disponible, del 2015, de las 863 reclamaciones que los contribuyentes españoles interpusieron contra el Catastro, 300 (dos tercios del total) correspondían a Galicia. Del mismo modo, se constata un incremento de casi el 35 % del número de quejas entre el 2013 -a finales de ese año arrancó el programa de regularización catastral- y el 2015 en la comunidad, al pasar de 223 entre las cuatro provincias a 300, 77 reclamaciones más.