La banca decidirá a quién le devuelve la cláusula suelo y con quién va a juicio

Cada entidad podrá determinar si su hipoteca era o no transparente


redacción / la voz 19/01/2017 14:55 h

Y a la tercera, la vencida. Ya hay acuerdo entre Gobierno, Ciudadanos y PSOE sobre las cláusulas suelo. El tira y afloja ha sido largo -especialmente a ojos de quienes esperan por su dinero-, pero el mecanismo para articular la devolución por parte de los bancos de todo lo cobrado de más está listo. Lo aprobará previsiblemente mañana el Consejo de Ministros, tras dos intentos fallidos. Y eso porque los socialistas no lo acaban de ver claro.

La idea es que el proceso sea rápido. Para dar solución cuanto antes a un problema que afecta a 1,5 millones de hipotecados, unos 200.000 de ellos en Galicia. Y, de paso, no colapsar los juzgados. Por eso, lo que aprobará el Consejo de Ministros es un real decreto y no un proyecto de ley, que haría más larga la espera.

Los que se resumen a continuación suponen los principales puntos de la fórmula pactada casi un mes después del terremoto desencadenado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, contraria a la banca:

aviso

Los bancos, obligados a comunicar a los clientes que pueden reclamar. Las entidades tendrán la obligación de hacer saber a los clientes que tienen cláusula suelo que hay una forma de recuperar el dinero sin tener que pasar por el juzgado. Y ellos decidirán entonces si se acogen a ella o recurren a la Justicia. En ese primer contacto no les concretarán la cantidad que se les devolvería. Eso vendrá más adelante. Se trata solo de que digan si prefieren o no la vía extrajudicial.

En manos de la banca

La entidad también puede decidir si va o no a juicio. Pongamos que el afectado opta por llegar a un acuerdo con el banco sin pasar por el juzgado. En ese caso, el banco ha de atender su petición. E incluso está obligado a decirle cuánto dinero debería devolverle en el supuesto de que la cláusula de su hipoteca no fuera transparente. Pero eso no quiere decir que vaya a hacerlo. Porque la entidad también puede negarse a hacerle una oferta. Y eso porque considere que en la hipoteca en cuestión no hay ninguna irregularidad a la que el cliente pueda agarrarse. A este entonces no le quedaría otra que ir a juicio si quiere recuperar lo que cree que es suyo. 

Cantidades

Lo cobrado de más y los intereses. La oferta que han de presentar las entidades a sus clientes debe incluir no solo lo presuntamente cobrado de más, sino también los intereses que podrían haberle proporcionado esas cantidades. Aunque, eso sí, nada dice el decreto de cuál es el tipo de interés que hay que aplicar (si el legal, el de la propia hipoteca...).

 Plazos

Quince días para decidir y tres meses para llegar a un acuerdo. Una vez sobre la mesa la oferta del banco, el cliente tendrá 15 días para decidir si le conviene o no el acuerdo extrajudicial, que deberán cerrar en un máximo de tres meses.

Ojo con las costas

Dependerán del resultado judicial. Si un afectado considera que la oferta que le ha hecho el banco no es suficiente y decide acudir a los tribunales, ojo, porque podría tener que acabar pagando las costas del juicio. Eso sería si el juez en cuestión fijara como cantidad a devolver una cifra inferior a la que el banco le ofreció en firme. Si es superior, paga el banco.

La devolución del dinero

En efectivo. En el caso de que cliente y banco lleguen a un acuerdo, la devolución se hará en efectivo. Aunque el decreto deja la puerta abierta a que se pueda habilitar otra fórmula si a ambos les conviene.

Tributación

No hay incremento patrimonial. La cantidad que le devuelva el banco no tributará como ganancia patrimonial. Sí tendrán que rehacer las declaraciones de aquellos casos en los se dedujeron las cuantías pagadas de más como desgravaciones por vivienda. Pero no se les impondrá sanción ni recargo alguno por hacerlo ahora.

Supervisión

Organismo de seguimiento. En este órgano estarán representadas las asociaciones de usuarios y la abogacía.

 Las organizaciones de consumidores, en pie de guerra

Fue conocer los detalles del mecanismo de devolución y en las organizaciones de consumidores saltaron las alarmas. Adicae advirtió de que el acuerdo alcanzado «abre la puerta a los intereses de la banca» y «podría malograr una solución justa o incluso acabar masivamente en los tribunales de Justicia».

La organización, aun reconociendo la buena fe del PSOE respecto a las garantías para los consumidores, subraya que el decreto «podría facilitar que algunas entidades puedan mantenerse en su negativa a anular y a indemnizar a los clientes defraudados, o que no cumplan plenamente la devolución impuesta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. E incluso podría terminar como el arbitraje de las preferentes, que solo resolvió el problema a la mitad de los afectados y llenó los juzgados de demandas».

Adicae recordó que envió al Gobierno y a los grupos parlamentarios una propuesta de solución, entre cuyas medidas figuraba la obligación de que los bancos informasen a todos los consumidores afectados por las cláusulas suelo o que la solución que se adoptara tuviese un carácter universal.

A las críticas también se sumó la OCU, que considera el mecanismo pactado «insuficiente» y «perjudicial», porque convierte a la banca en «juez y parte» al decidir quiénes y cuánto deben cobrar.

Aunque califica de positivo que la entidad deba informar a los clientes de la vía extrajudicial para recuperar lo pagado de más y que sean los consumidores los que decidan, critica «la falta de transparencia y control» sobre las ofertas que se le vayan a hacer al perjudicado.

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