Montoro promete que el Ejecutivo bajará de nuevo el IRPF si el PP gana las elecciones
05 ago 2015 . Actualizado a las 13:11 h.A Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro empiezan a cuadrarles los números para un plan que tenían previsto que comenzara a funcionar mucho antes: el de que el descenso del paro -y consecuentemente el gasto en prestaciones- permitiera aumentar el gasto social, y que esto mejorara a su vez sus expectativas electorales. Con esa premisa, el Gobierno presentó ayer los Presupuestos Generales del Estado del 2016 sin ocultar que, en realidad, son todo un programa para los comicios generales.
Las cuentas públicas contemplan una disminución del 21,7 % en las prestaciones por desempleo. Y ese remanente, unido al aumento de la recaudación y al descenso del 5,6 % en los intereses de la deuda, permiten que el gasto social, un 53,5 % del total, se incremente en un 3,8 %. Las políticas activas de empleo, que se incrementan casi un 10 %; la educación, que lo hace en un 9,3?%; y la dependencia (más de un 7 %) son los capítulos sociales con mayor crecimiento.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, achacó la reducción en prestaciones por desempleo a las medidas aprobadas por el Gobierno en materia laboral, que han conseguido situar la tasa de paro en el segundo semestre del 2015 en el 22,4 %, aunque también contribuye a ello el hecho de que muchos parados hayan agotado la prestación por desempleo y pasen a recibir la renta activa de inserción, de menor cuantía, y otros hayan perdido cualquier subsidio.
En lo que afecta a los ingresos, destacó que España ha conseguido llegar al superávit primario nominal (antes de pagar intereses) por primera vez desde el inicio de la crisis en el 2007, lo que supone reducir el peso de la deuda sobre el PIB, algo que consideró «un hecho sin precedentes» en un país cuyo crecimiento depende de la demanda interna, y que se logra además manteniendo una baja inflación.
Marcados por las elecciones
Montoro no ocultó que la medida extraordinaria de adelantar los Presupuestos está vinculada a la celebración de las elecciones generales. Aseguró que lo que pretende el Gobierno es «devolver la confianza a los ciudadanos» y presentar un «programa económico fiable» de cara a la próxima legislatura para que el PP lo ejecute «si así lo deciden» los electores. Admitió sin embargo que podría haber un cambio de Gobierno, pero advirtió que si este nuevo Ejecutivo modifica los Presupuestos presentados ayer deberá explicar «por qué cambia la política económica que está sacando al país de la crisis».
Anunció además que, en caso de ganar esas elecciones, «el Gobierno volverá a bajar el IRPF cuando haya margen». Y ello, a pesar de que el Gobierno reconoce que los ingresos tributarios del Estado estarán al cierre del 2015 4.100 millones de euros por debajo de lo previsto. Lo que no se plantea el Gobierno en ningún caso es modificar el IVA.
Para el 2016, la previsión es que los ingresos tributarios del Estado crezcan un 4,7 % sobre lo pronosticado para este año, aunque Montoro cree que estarán incluso por encima. El objetivo del Gobierno para la próxima legislatura es, según el ministro, recuperar los niveles de ocupación de los años anteriores a la crisis y volver al Estado de bienestar que había en esa época.
Los Presupuestos incluyen además guiños electorales como el incremento de un 1 % en el sueldo de los empleados públicos y la recuperación total de la paga extra retirada en el 2012, y confirman también la subida de las pensiones en un 0,25 %, el mínimo que marca la ley.
En una intervención de marcado corte político, a menos de dos meses de las elecciones catalanas, Montoro arremetió contra el presidente catalán al que reprochó ocuparse de «otras cosas» en lugar de la recuperación económica. Cargó también contra el anterior Gobierno socialista, al que acusó de haber dejado millones de facturas sin pagar, y contra Podemos, porque sus propuestas, según dijo, pueden llevar a España a una situación como la de Grecia.
Pensiones y deuda se comen seis de cada diez euros del gasto público
Por primera vez tras ocho años consecutivos de escalada, la deuda pública dará un respiro el próximo ejercicio, que el conjunto de las Administraciones públicas cerrarán con una losa equivalente al 98,2 % del producto interior bruto del país, medio punto menos que la carga que soportarán al cierre de este ejercicio. Esa es, al menos, la hipótesis con la que trabaja el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, que certifican que la deuda es, solo después de las pensiones, la partida que más recursos drenan.
En concreto, esos dos epígrafes se comen, en total, un 58 % del gasto total, a razón de 135.448 millones en el caso de las pensiones -cuya partida aumenta un 2,9 %- y de 117.792 la deuda, entre amortizaciones e intereses. Solo a pagar estos habrá que destinar 33.490 millones, casi 92 al día, frente a los más de 97 que estaban presupuestados en este ejercicio, con un ahorro total estimado de dos mil millones.
El alivio en esa carga -producto de la rebaja en los intereses que paga España- se traduce también en menores necesidades financieras. Así, el Tesoro realizará emisiones el año que viene por importe de 231.175 millones, casi un 5 % que en este ejercicio.
Mucho mayor es el tijeretazo en la partida de prestaciones por desempleo, para la que se presupuestan 19.820 millones, 5.480 menos que los que se habían reservado en este año. Y eso, a pesar de que el número de beneficiarios de estas prestaciones -se calculan menos de 2,15 millones para el 2016, apenas la mitad de los casi cuatro millones de parados que están anotados en el Servicio Público de Empleo Estatal- apenas se reduce en once mil respecto a los que cobran algún subsidio en la actualidad. Datos que indican que la partida reservada para este año estaba sobredimensionada (al menos para los niveles de cobertura actuales) y no se consumirá en su totalidad.
Subirá la recaudación
Hay optimismo, a la baja, en el capítulo de gastos, y también en el de ingresos. En este apartado, el Gobierno se apoya en las previsiones de crecimiento del PIB (4 %), empleo (3 %) y salarios (1,4 %) para proyectar un incremento de la recaudación tributaria de más de siete mil millones de euros, hasta los 192.162 que prevé ingresar el próximo año, frente a los 184.830 presupuestados para este ejercicio y los 180.982 que, tal y como avanza el ejercicio, estima que recaudará finalmente.
Y es que el anticipo de la rebaja en el IRPF dejará los ingresos por este impuesto 1.500 millones por debajo del listón previsto, desfase al que hay que sumar otro de casi mil millones en sociedades y de 340 en el IVA. Si se toma como referencia el dato real de ingresos, para el próximo año el principal impuesto indirecto recaudará 2.750 millones más, mientras que el incremento en el IRPF llegará a casi cuatro mil millones. También crecerán, al menos sobre el papel, las cotizaciones sociales, con una previsión de ingresos de 117.242 millones, un 6,7 % más.
La partida para dependencia aumenta en 75 millones, y la de becas se estanca
El Gobierno destinará en el 2016 un total de 1.252 millones al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que supone un aumento de 75 millones con respecto a este año, es decir, un 6,4 % más.
Con esta partida, el Ejecutivo pretende hacer frente a las necesidades de mas de 445.000 personas con derecho reconocido que aún esperan una ayuda. Ocho años después de que se implantara el sistema de dependencia en España, un 37 % de los que acreditan los requisitos para ser beneficiarios de una ayuda aún no la tienen. La lista de atendidos oscila sobre los 750.000.
En materia educativa, para el 2016 el Gobierno prevé destinar al programa de becas y ayudas a estudiantes el 59,3 % del total de los presupuestos de este ministerio, con una dotación que suma 1.472,40 millones (el pasado año fue de 1.469,6), lo que supone una subida imperceptible de apenas el 0,2 %.
Retraso en paternidad
El permiso de paternidad de un mes de duración tampoco será una realidad en el 2016. El Gobierno ha vuelto a retrasar un año más esta ampliación a cuatro semanas de la baja paternal, que actualmente es de 13 días. La medida figuraba en las cuentas del 2015, con fecha de entrada en vigor el 1 de enero del 2016. El Ejecutivo ha modificado la redacción de la ley de 6 de octubre del 2009 a través de una disposición que establece que el permiso de paternidad de un mes «entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2017».