La Justicia cree que las exenciones podrían ser ayudas de Estado ilegales
10 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El pronunciamiento que dictó ayer el Tribunal Europeo de Justicia ante el conflicto por el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por parte de Navantia al Concello de Ferrol es claro. Luxemburgo señala la irregularidad de la exenciones fiscales a Navantia, explicando que estas podrían ser ayudas de Estado ilegales. La factoría no tributa ese impuesto desde hace más de dos años, y acumula una deuda con el erario municipal que supera el millón de euros.
Después de que el TSXG paralizase una ejecución de sentencia del 2009 favorable al astillero -una de las pocas que dan la razón a Navantia- y revocase la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol, la compañía dejó de cumplir con esta obligación fiscal y recurrió. Entonces fue el juez sustituto Cristóbal Pintado, cuando tenía a su cargo el Juzgado de lo Contencioso de Ferrol, quien llevó la cuestión a Luxemburgo. Ahora el Tribunal Europeo responde respaldando al Concello, aunque dice que la decisión queda en manos del juzgado local.
Ventaja selectiva
Pintado elevó a Bruselas la consulta por si este beneficio fiscal respecto a una parcela de terreno propiedad del Estado es compatible con las normativas comunitarias sobre competencia, dado que podría suponer una ventaja para Navantia con respecto a sus competidores. El tribunal considera que «cuando una ayuda otorgada por un Estado miembro sirve para reforzar la posición de una empresa frente a otras que compiten con esta en los intercambios comerciales intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda», e indica que «no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda (...) sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia». Además, el órgano europeo dice que «puede cumplirse el requisito relativo a la existencia de una ventaja económica». Y apunta que «es evidente que Navantia disfruta, en lo que atañe a sus actividades civiles, de una ventaja fiscal a la que no tienen derecho otras sociedades».
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, del PP, mostró su satisfacción ante la interpretación del Tribunal Europeo: «Viene a darle la razón al Ayuntamiento». Defiende que el pago del IBI «es una obligación legal de cualquier particular y empresa», un deber que no tendría que cumplir Navantia si «estuviera solamente trabajando para la defensa nacional», algo que «no es el caso».