Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron en un encuentro con los medios que se implantarán «horquillas salariales» pero el departamento de Montoro ha desmentido horas después que la reforma de la administración local incluya «recortes del sueldo»
21 may 2013 . Actualizado a las 00:58 h.La reforma de la Administración Local podría incluir nuevos recortes en el salario de los funcionarios municipales. Según avanzaron fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno pretende ahorrar 870 millones de euros introduciendo «horquillas salariales». Horas más tarde el departamento de Cristóbal Montoro ha desmentido esa información, que se conoció en un encuentro con los medios para dar a conocer algunos detalles del anteproyecto de ley. «Ley de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local no incluye ningún recorte del sueldo de los funcionarios de las corporaciones locales», asegura el comunicado enviado por Hacienda, tras el revuelo ocasionado por la noticia.
En el encuentro con los medios de comunicación, fuentes del Ministerio de Hacienda anunciaron la puesta en marcha de «horquillas salariales» para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y con los funcionarios del Estado. Sin embargo, no precisaron ni cómo, ni si significaría que algunos van a perder sueldo. La única información oficial fue que se estaba trabajando en ello y que se determinarían cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.
Algunos medios incluso dieron más detalles. Como recogía la agencia Colpisa, el ajuste no se aplicaría sobre el salario base, sino limitando los complementos específicos. Una cantidad que, hasta este año, percibían los trabajadores públicos en función de las características especiales de su puesto de trabajo -destino, características de su labor u horario entre otros criterios- y que, con la nueva norma, tendrá límites que se establecerán cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
Pero el Ministerio de Hacienda en un comunicado emitido a última hora lo desmiente todo y aseguran que la reforma de la administración local no incluye «ningún recorte del sueldo de los funcionarios de las corporaciones locales». La reforma, según Hacienda, se basa en los principios de «ahorro, eficiencia y estabilidad presupuestaria» e «introduce la cultura de la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto de coste estándar, como sucede en otros países europeos».
5.900 ayuntamientos ineficientes
El anteproyecto de la reforma de la Administración Local, un docuemnto en el que el Gobierno lleva meses trabajando. La reforma pretende que el 92,1% de los 6.797 ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes pierdan a partir del 1 de enero la gestión de sus servicios básicos que prestan a a diario; es decir, residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Estos 6.260 consistorios intervenidos, que suponen el 77% de los 8.116 poblaciones de España, cederán estas competencias a las diputaciones provinciales a partir de esa fecha. Fuentes de Hacienda y Administraciones Públicas han justificado esta drástica decisión por la «ineficiencia» de estos ayuntamientos que, según los cálculos del Ministerio, pagan hasta tres veces más por un mismo servicio que un municipio de más de 100.000 habitantes. Para hacer esta comparación, el departamento que dirige Cristóbal Montoro, ha utilizado el denominado «coste estándar», con el que el Gobierno ha fijado un criterio común para todos los municipios en cuanto al precio de prestación de estos servicios básicos. Se ha tenido en cuenta la densidad, dispersión o el envejecimiento poblacional, entre otros parámetros.
Los consistorios de las poblaciones de menos de 5.000 vecinos podrán recuperar la prestación de servicios en un plazo de cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad que incluya un aumento de los ingresos y un recorte de sus gastos. El Gobierno confía, además, en que «muchos» de los ayuntamientos que corren el riesgo de ser intervenidos el 1 de enero puedan revertir la situación en los siete meses que restan para finalizar el año.
La insuficiencia financiera no es patrimonio exclusivo de los pueblos pequeños. Más de 400 ciudades de más de 20.000 habitantes también superan el denominado coste estándar. La diferencia es que a estos ayuntamientos se les aplicará directamente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que posibilita al Gobierno central a multar e, incluso, intervenir las administraciones públicas incumplidoras.