Cobra fuerza la posibilidad de que se llame a declarar a Ordóñez en el caso de las indemnizaciones
08 nov 2012 . Actualizado a las 15:16 h.Los inspectores del Banco de España Miguel Segui y Pedro González acudirán hoy a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional para declarar como expertos ante el juez Ismael Moreno en el caso de las indemnizaciones multimillonarias recibidas tras el cambio de las condiciones contractuales de José Luis Pego, Javier García de Paredes, Oscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán con la cooperación necesaria de Julio Fernández Gayoso.
El instructor escuchará sus declaraciones, que se centrarán en un informe presentado en esta causa, en la que todas las defensas coinciden al señalar que el Banco de España estaba informado de los cambios contractuales que realizaron todos los encausados. Se apunta incluso que la institución que dirigía en ese momento Miguel Ángel Fernández Ordóñez obligó a provisionar esos contratos.
Las diligencias de la investigación de la Fiscalía recogen expresamente que el Banco de España reconoce que en abril del 2011 se remitió a los inspectores una copia de los contratos de alta dirección y una evaluación del impacto económico que tendría para Novacaixagalicia.
La cobertura
Distintas fuentes confirman que la entidad realizó una dotación de 28 millones de euros con la que se cubrían los cambios contractuales tras la exigencia de la institución que dirigía Ordóñez. Por este motivo, por su posible conocimiento de esos contratos, cobra fuerza entre juristas consultados la posibilidad de que se llame a declarar al antiguo gobernador del Banco de España.
En el auto emitido el lunes por Ismael Moreno se pide una fianza de 10,5 millones para cuatro de los imputados, al tiempo que precisa que Julio Fernández Gayoso (también imputado) tendrá que responder solidariamente. Argumenta el juez que hay «indicios racionales de criminalidad a tenor del contenido de la documentación e informes periciales obrantes en la causa», ya que los encausados, preparando su previsible salida de la entidad fusionada, «acordaron mejorar sus contratos de alta dirección con Caixanova, con menoscabo del patrimonio de la misma, percibiendo elevadas sumas de dinero con ocasión del cese de sus actividades en la citada entidad».
Expertos en Derecho consideran que es en este punto donde está poniendo el énfasis del caso el juez, que «a la vista de las medidas cautelares parece que ya lo ha resuelto».
Los recursos en marcha
El abogado de Javier García de Paredes (al que se le solicita una fianza de 7 millones de euros, la más alta de las cuatro) informó de que todavía no le había llegado ninguna notificación, que prevé tendrá lugar la próxima semana. El plazo comenzará a correr entonces. En todo caso, ya ha decidido que recurrirá esa fianza, como también hará Julio Fernández Gayoso, como ayer avanzó La Voz. Su defensor aseguraba anoche que ese recurso se oficializará hoy mismo. Los abogados de los otros tres imputados no se han pronunciado, pese a las peticiones de este periódico. A José Luis Pego se le piden 1,9 millones de fianza; a Gregorio Gorriarán, 1,2 millones; y a Óscar Rodríguez Estrada, otros 347.000 euros.
La comparecencia de esta mañana es prácticamente la fase inicial de un proceso que se prolongará al menos durante todo el ejercicio 2013, de acuerdo con cálculos de distintas fuentes jurídicas, porque se ha pedido más documentación. Ahora la Audiencia tiene una menor carga de trabajo por casos de narcotráfico y terrorismo.