El «lifting» del Conde de Fenosa

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA

A CORUÑA

CEDIDA

El proyecto para legalizar el edificio que el Ayuntamiento ha presentado a los vecinos y a Patrimonio consiste en la eliminación de parte de los ornamentos de las cubiertas

02 ago 2015 . Actualizado a las 14:12 h.

Decir adiós a los torreones redondos de los laterales, suprimir los que están adornados con frontones triangulares de estilo clasicista en la fachada principal, y convertir las estructuras semicirculares de la planta más alta en galerías horizontales. Sin entrar en términos muy técnicos, en eso consiste el proyecto del Ayuntamiento para legalizar la cara del edificio Conde de Fenosa sin rompérsela a las arcas municipales, que deberán afrontar el pago de la obra y las posibles indemnizaciones a los residentes.

El plan es obra del arquitecto Carlos Trabazo Molíns, antiguo responsable de proyectos de la inmobiliaria Fadesa, la misma que levantó el edificio a finales de los 90. Trabazo fue contratado por el anterior gobierno del PP, que le adjudicó la redacción del documento de legalización por 72.600 euros (IVA incluido).

El corazón del expediente es el Informe de conclusiones y alternativas, que tiene 99 páginas de las que 61 son planos del edificio, planta por planta, en los que se indican los cambios que será necesario introducir para adaptarlo al plan general (PGOM) del 2013.

El anterior gobierno del PP y el actual, encabezado por la Marea, creen que esas reformas bastarán para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del 20 de diciembre del 2001, que anula la licencia otorgada por el Ayuntamiento el 10 de noviembre de 1997 para rehabilitar el inmueble del número dos de la calle Fernando Macías y obliga a su demolición.

La lucha judicial de María Pita

Desde aquel invierno del 2001, la administración local ha hecho todo lo posible para rebatir la sentencia, dictada tras la denuncia de un arquitecto coruñés. Pero el Ayuntamiento ha ido agotando sus bazas jurídicas año tras año.

El anterior gobierno, viendo que era imposible atacar el dictamen en sí, intentó evitar que se llevase a la práctica. Esa estrategia estuvo a punto de triunfar en el 2013, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró la sentencia «inejecutable» al considerar, de acuerdo a las alegaciones del Ayuntamiento, que la demolición del edificio no era proporcional a las infracciones cometidas en su construcción: un incremento de la superficie construida en 2.500 metros cuadrados. La ampliación sería muy provechosa desde el punto de vista económico, pero era ilegal según el plan general de 1985 que estaba vigente en aquel entonces.

Aún así, el Ayuntamiento sostenía que el derribo, que podría costar unos «45 millones de euros» a las arcas públicas, llevándolas a la quiebra, causaría más daños que esas irregularidades.

El dictamen del TSXG se alineaba con esa postura, aunque paradójicamente suponía admitir que la sentencia que ese mismo tribunal había emitido 12 años antes era imposible de aplicar.

Los vecinos y el cuento del lobo

Ese tipo de peripecias jurídicas, sumadas a los larguísimos plazos de la Justicia, han provocado una extendida sensación de que el edificio va a seguir tal y como está hasta el fin de los días.

Entre los vecinos pocos creen que pueda haber obras y mucho menos una demolición. Esta misma semana, una de las residentes, Pilar Vázquez, comparaba el embrollo jurídico-inmobiliario con «el cuento del lobo, hace años que se anda con esta historia y al final nunca pasa nada».

Pero ahora parece más claro que nunca que algo va a tener que cambiar en el Conde de Fenosa. El Ayuntamiento logró su único éxito jurídico en 15 años de pleitos con el dictamen del TSXG que invalidaba la ejecución de su propia sentencia, pero fue una victoria pírrica. El denunciante la recurrió ante el Tribunal Supremo. La alta institución falló en julio del 2014 revocando la decisión del TSXG, y acusando a la administración local de haber actuado con mala fe por alegar contra el dictamen del 2001 que forzaba la demolición.

El Ayuntamiento insistió en que no era posible ejecutar esa sentencia y planteó la cuestión ante el Tribunal Constitucional, el único dentro de aparato judicial español que podría llevarle la contraria al Supremo. Pero ni con esas. El Constitucional ni siquiera entró en el fondo de la cuestión. Se negó a tramitar el recurso de amparo que le remitió el gobierno local y todo el castillo de naipes se vino abajo: el Ayuntamiento tendría que acatar el dictamen del Supremo que le obligaba a su vez a ejecutar la sentencia del TSXG. Vuelta al principio, al 2001, aunque ahora sin ninguna vía de escape jurídica: hay que cumplir.

El calendario de la Justicia

La Justicia marcó plazos claros y obligó a María Pita a notificarle de forma periódica los pasos que estaba dando para ejecutar su decisión. El pasado 10 de abril, después de ser contratado por el gobierno local del PP, Trabazo empezó a redactar el proyecto, debía estar listo antes del 12 de agosto.

Al contrario que sus predecesores, la Marea Atlántica defendió desde el principio que había que cumplir la sentencia. El propio Xulio Ferreiro ha señalado que es necesario acatarla por una cuestión de «ben común», pero el alcalde y su concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, siempre han señalado que lo harán compatibilizando el dictamen con los intereses de los vecinos y del Ayuntamiento, es decir intentando que la sentencia no deje sin casa a los residentes y no vacíe las arcas municipales

Con esos objetivos se ha apostado por el plan de Trabazo, que prevé corregir las irregularidades modificando las últimas plantas de los tres cuerpos del edificio.

Futuro inmediato de la solución

El anterior equipo de Urbanismo, que encabezaba el concejal del PP Martín Fernández Prado, contaba con otorgar la licencia este verano, pero las elecciones y la transición han retrasado un poco los trámites. El actual ejecutivo ha enviado el plan al departamento de Patrimonio de la Consellería de Cultura de la Xunta, que debe dar su visto bueno para ejecutar las obras porque afectarán a la zona de protección de un inmueble próximo, el número 18-26 de la avenida Finisterre, que está catalogado y protegido.

El gobierno ha pedido al TSXG que le otorgue más tiempo para cumplir ese trámite legal antes de presentarle el proyecto de legalización. Si los trámites avanzan a la velocidad prevista, el Ayuntamiento podría conceder la licencia de obras alrededor del mes de octubre. Eso ocurrirá si el plan de Trabazo convence al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero aún hay posibilidad de que los trámites se alarguen si el denunciante está disconforme y recurre la licencia municipal.

El lío del Conde de Fenosa, que sobrevivió a cuatro gobiernos, aún podría colear largo tiempo.