La operación Pokémon investiga presuntas adjudicaciones irregulares al grupo empresarial Vendex. Los investigadores sospechan que esa firma hacía diversos favores a funcionarios y cargos públicos a cambio de facilidades para adjudicarse contratos de servicios municipales. Vendex tenía la mayor parte de su facturación de Galicia en A Coruña, por lo que la jueza ha abierto una pieza separada de la Pokémon para la ciudad, la Pikachu.
Hasta la fecha se han contabilizado al menos 19 imputados en la ciudad. Más de la mitad de ellos son funcionarios y trabajadores municipales, además de dos ediles: el teniente de alcalde Julio Flores (PP) y el concejal socialista José Nogueira. El resto de los imputados son trabajadores de Vendex o del aeropuerto de Alvedro, donde la jueza sospecha que la firma se habría adjudicado el mantenimiento de un aparcamiento de forma presuntamente irregular.
En el Ayuntamiento están bajo investigación por lo menos los contratos de servicios en el edificio cultural Ágora, el de la grúa y la ORA y de mantenimiento en la Casa de los Peces.
La operación ha provocado una profunda crisis en el gobierno local presidido por Carlos Negreira, tocado por la imputación de su número 2, Julio Flores, y por conversaciones grabadas en las que una asesora del gobierno le atribuye haber dado la orden de dar a una persona un puesto de trabajo en una firma de Vendex. Además, al menos uno de los supuestos enchufados es familiar de un conocido militante del Partido Popular.
Los vaivenes del gobierno
La respuesta del gobierno municipal a la investigación judicial ha cambiado radicalmente desde que a principios de diciembre de Lara ordenó registrar el Ayuntamiento. En principio se ofreció «total colaboración» y «puertas abiertas» a la acción de la Justicia. Esas proclamas se mantuvieron después de que se conociese la imputación de Flores, aunque se supo que algo estaba cambiando cuando su abogado anunció que solicitaría que De Lara se inhibiese del caso para que lo llevase un juez de A Coruña. Frente a esa postura, el PSOE rechazó pedir el traslado y Nogueira insistió en que «no importa» en qué juzgado se desarrollen las pesquisas.
El cambio en la postura del gobierno local se consumó cuando la jueza levantó el secreto de parte del sumario y saltaron a la luz conversaciones grabadas entre José María Tutor, Julio Flores y varios asesores y funcionarios. A partir de ese momento el gobierno pasó a poner en duda la propia validez de la investigación. Arrancó el propio Flores en el pleno del lunes, cuando calificó de «conjeturas» las conclusiones que habría llevado a su imputación, puso en duda los análisis de los agentes de Aduanas y llegó a señalar que «cualquiera que hubiese llamado a Tutor estaría hoy imputado». Al día siguiente reforzó ese mensaje su compañero de filas Miguel Lorenzo, quien subrayó su total fe en su inocencia, e incluso Carlos Negreira, de una forma más moderada, calificó de «espectáculo lamentable» las consecuencias del levantamiento parcial del secreto de sumario.
Pero por encima de todo, haya o no culpables, el sumario es una enciclopedia de prácticas dudosas en la administración local: llamadas para pedir favores, regalos, enchufismo, comidas, trato familiar entre ediles y contratistas...