Los enchufes los dictaban políticos, funcionarios y asesores
06 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El 6 de febrero del 2012 el delegado de Vendex, José María Tutor, mantenía una conversación con Dulce Rodríguez Anido en la que la asesora municipal le preguntaba «si ya despidió a ese señor». El empresario responde «que sí y que no se sorprendió» y le dice «si tiene un papel con un nombre (para darme un nuevo contratado en recambio)», consta en el sumario de la Pikachu.
En otra conversación Tutor confiesa al socialista José Nogueira -que le había pedido trabajo para su hermana, a la que finalmente no se lo dio- que «los que hay -el gobierno local del PP- ya tienen su lista», de personas a colocar, y se lamenta de que «le echaron en cara que colocó a mucha gente del Bloque», en clara alusión a que a los recién llegados a María Pita les parecía bien colocar a los suyos, pero no a otros.
El omnipresente teléfono de Tutor dejó constancia, en los pinchazos, de otra conversación con el teniente de alcalde Julio Flores. Tutor «le dice que necesita que le mire si tiene a alguien en la lista que tenga Información y Turismo para sustituir a los que están en la caseta al pie de la Torre». El concejal dice que «se lo mira».
En el sumario aparecen muchos más casos de presunto tráfico de influencias para dar salida a familiares y personas afines. En otra charla Tutor habla con una persona identificada como Dani: «Le acaba de llamar Ana Castro (funcionaria de Cultura) quien le informó que le llamó Richard para que le contraten a estos dos para el día 23 y que no se sustituya a T. y que se ponga a trabajar M.L.», dice el documento judicial.
El teniente de alcalde, que mantuvo frecuentes conversaciones con Tutor, también se comunicaba con él mediante mensajes de texto. «Dime más nombres», reclama en uno de ellos el empresario al edil.
Un funcionario, hoy ya jubilado, Eduardo Aceña, pidió también a Tutor que le buscara un hueco en una de sus empresas a su sobrina.
El sistema funcionaría como una suerte de puerta giratoria en la que se purgarían determinados servicios tras las elecciones saliendo unos y entrando otros.
En los últimos días distintas voces apuntaron en defensa de los investigados que pedir por alguien, y más si es una persona desfavorecida, no es delito.
Sin embargo -al margen de que sea delito- las peticiones no incluirían solo empleos, sino peticiones de despido o no renovación de contratos a determinadas personas. Además, no solo «pedían» por parados, ya que una de las personas citadas por Flores, según Tutor, «está trabajando, por lo que hay que hacer el paripé» y firmar sin que se incorpore.