Mismos servicios, distintas condiciones

Marta Gómez Regenjo
Marta Gómez RIBEIRA / LA VOZ

BARBANZA

matalobos

Que concellos de la zona no hayan suscrito el convenio con la Xunta para financiar centros de día y guarderías provoca llamativas diferencias en los gastos que asumen

08 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Desde hace un par de años, algunos concellos y la Xunta mantienen un pulso por la gestión de centros de día y escuelas infantiles; en concreto, las diferencias vienen dadas por qué gastos debe asumir cada una de las Administraciones. Hubo una primera propuesta de convenio que la mayoría de los alcaldes rechazaron, luego se hizo una segunda propuesta tras un acuerdo entre la consellería y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el resultado es que unas entidades locales firmaron el primer documento, otras el segundo y otras ninguno de los dos, con lo que las diferencias entre los gastos que asumen unos ayuntamientos y otros son bastante llamativas.

Entre los concellos que no han firmado ninguna de las dos propuestas de convenio están los de Rianxo, Mazaricos y Outes. Esto supone que el funcionamiento de sus escuelas infantiles, en los dos primeros casos, y el centro de día outiense se rigen por los acuerdos alcanzados con la Administración autonómica en el momento de su apertura, de manera que las arcas públicas asumen el mantenimiento de los recintos, reparaciones y el pago de suministros como electricidad, telefonía o calefacción; y la Xunta, el resto.

Esta situación difiere de la que se da en Boiro, por ejemplo. El Concello sí firmó la primera propuesta de convenio, que establecía el pago por parte de la Administración local de un tercio del coste de las plazas de las escuelas infantiles -1.500 euros por alumnos al año- y más de 3.690 euros en el caso de los centros de día, y esas son las cifras que aparecen previstas en los presupuestos de este año.

En cuanto al Ayuntamiento pobrense, firmó el segundo convenio, el acordado con la Fegamp, que establece el pago de una cuota de 2.500 euros anuales -la tercera parte del coste total- por cada usuario del centro de día que esté empadronado en el municipio.

Nueva orden

En esta tesitura, con unas diferencias evidentes entre unos ayuntamientos y otros, ha transcurrido cerca de un año. En un intento de poner orden, la Xunta aprobó el pasado mes de febrero la Ley 2/2017 de medidas fiscais, administrativas e de ordenación que, entre otros aspectos, incluye un anexo en el que fija el régimen de cofinanciación para centros de día y escuelas infantiles. Un intento de homogeneizar la situación que, a falta de que desde la Consellería de Política Social se hayan aclarado las consecuencias que tendrá, no acatan los alcaldes que desde un principio se negaron a asumir un mayor coste por estos servicios.

No es el caso de Porto do Son. Aunque no se llegó a firmar ningún convenio con la Administración autonómica para financiar el funcionamiento de la escuela infantil, el gobierno local tiene claro que la pauta la marca el nuevo texto legal. La alcaldesa de Outes, por su parte, no tiene constancia de que haya llegado a la casa consistorial instrucción alguna con respecto a cómo cambia la nueva orden la gestión del centro de día.

Meter presión

En cambio, el rianxeiro Adolfo Muíños no comulga con lo publicado en el DOG el pasado 9 de febrero: «Nun intento de formalizar o que xa había e meternos presión aos concellos para que firmemos meten isto pola porta de atrás da lei de orzamentos». Insiste en que están abiertos al diálogo y, de hecho, siguen a la espera de que desde la consellería les hagan llegar una valoración de los gastos de personal y limpieza que asume la Xunta para valorar si compensa aceptar las condiciones o hacerse con la gestión directa de la escuela infantil y dejar la red gallega. Y reitera que, por tratarse de un tramo educativo, estos centros deberían ser de competencia autonómica.

Otro regidor beligerante en este asunto es el mazaricano Juan José Blanco, que también está pendiente de hacer cuentas para tomar una decisión: «Pedimos un desglose dos gastos da Xunta para contrastalos cos nosos e buscar un acordo. Queremos valoralo porque se temos que pagar o que nos piden, igual nos compensa asumir nós o servizo».