México se replantea la relación bilateral y usará todos sus recursos para proteger a sus nacionales
25 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la noche del viernes la ley SB1070, la más severa contra la inmigración ilegal en Estados Unidos, ya que convierte en delincuentes a casi medio millón de sin papeles que viven ilegalmente en este estado fronterizo con México. Arizona desafía así al presidente Barack Obama, que en su año en la Casa Blanca no ha puesto en marcha la prometida ley de inmigración federal.
De acuerdo a la nueva ley, que entrará en vigor dentro de 90 días, todo latino o cualquiera que lo parezca podrá ser interrogado por la policía de Arizona si hay sospecha razonable de que es un sin papeles. Si no cuenta con los documentos que prueben su entrada legal en EE.?UU. será arrestado hasta que pueda demostrarlo. De lo contrario, permanecerá en prisión hasta seis meses, deberá pagar una multa de 2.500 dólares y podrá ser deportado.
Las reacciones a la aprobación no se han hecho esperar. El Gobierno de México se mostró molesto y señaló que la ley obliga al replanteamiento de la «viabilidad y utilidad de los esquemas de cooperación» que se han desarrollado con Arizona. La secretaria de Exteriores de México, Patricia Espinosa, reconoció que la ley afecta a las relaciones con Estados Unidos, y destacó que «la criminalización no es el camino para resolver el problema de la inmigración indocumentada». Subrayó que México «no puede permanecer indiferente» porque la medida afecta los derechos humanos de miles de mexicanos, por lo que utilizará todos sus recursos para protegerlos.
Racista y vergonzosa
«Eso es discriminación racial», sostuvo el embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán. Algo en lo que coinciden los defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes, que calificaron como racista y vergonzosa la nueva ley.
«Estamos muy decepcionados», dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, la organización defensora de los derechos civiles de la minoría hispana más grande en Estados Unidos. Otras organizaciones hispanas señalaron que iniciarán una querella legal contra la legislación de Arizona.
En su justificación de la ley, Brewer culpó al Gobierno federal y al Congreso por la falta de acciones para reforzar la seguridad fronteriza y dijo que Arizona no está dispuesta a «seguir sacrificando la seguridad de sus ciudadanos por la codicia homicida de los carteles de la droga».