El derecho a informar y el de protesta, limitados

En Venezuela, 1.200 periodistas han sido agredidos por turbas prooficialistas o por agentes del Estado desde 1999, año en el que Chávez asumió el poder. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado 26 demandas contra el Estado desde su creación en 1970: de ellas, 22 han sido durante el gobierno de Chávez, 19 referidas a violaciones de la libertad de expresión. Anteayer, el Colegio Nacional de Periodistas requirió la presencia de la CIDH en el país para que observe la situación de la libertad de expresión, que según el presidente del CNP, William Echevarría, está en situación agonizante.

Rubén Millán, habitante de Los Teques, puede explicarlo en términos más simples. Desde su casa y hasta la capital, todas las emisoras son oficialistas, desde el cierre de la última radio independiente, única que transmitía en vivo información sobre el pesado tránsito en la autopista que une esta ciudad dormitorio de Caracas con la capital.

Correa indica que ya son mayoría las ciudades del país en las que no quedan emisoras de radio independientes, desde la decisión del Ejecutivo de revocar 240 señales afirmando que sus concesiones vencieron. Tras el rechazo internacional y local que causó la clausura de las primeras 40, no se han registrado más cierres.

Pero la gravedad de la situación va más allá del derecho a informar. El de protestar también está severamente limitado, señala Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad.

En Venezuela, indica, rige «un estado de excepción no declarado y sin controles», contra todos los derechos fundamentales, y abarca desde el uso desproporcionado de la fuerza policial hasta la difamación de los enemigos sin derecho a réplica. «El Gobierno criminaliza toda disidencia», asegura.